ONU denuncia arresto masivo de niños en Venezuela tras elecciones presidenciales

GINEBRA, Suiza.- En un inquietante informe presentado en Ginebra, la misión de la ONU encargada de investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela ha revelado la detención de más de cien niños, niñas y adolescentes. Estas detenciones se produjeron en el marco de las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales en el país sudamericano.

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Los menores detenidos enfrentan acusaciones graves, similares a las impuestas a los adultos arrestados durante las manifestaciones. Según el grupo de expertos, a los niños se les imputan cargos por delitos como terrorismo, conspiración e incitación al odio, lo que ha suscitado una fuerte preocupación entre las organizaciones de derechos humanos.

Un aspecto alarmante del informe es que estos menores no contaron con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales. Esta falta de acompañamiento viola las normativas internacionales que protegen los derechos de los niños, situación que ha sido denunciada por el jurista Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU, quien exigió que se respete el interés superior del niño en todo momento.

La misión también ha alertado sobre las terribles consecuencias de las recientes protestas en Venezuela. Según su informe, al menos 23 personas han perdido la vida durante las manifestaciones, la mayoría a causa de disparos de armas de fuego. Este dato subraya la escalada de violencia en el país y la necesidad urgente de investigar estos hechos.

Marta Valiñas, presidenta de la misión, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que se investiguen a fondo estas muertes. Valiñas insistió en que, de confirmarse un uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad o la participación de civiles armados, los responsables deben ser llevados ante la justicia sin dilación.

El informe de la misión también resalta la preocupante cifra de detenciones arbitrarias, que se estima en al menos 1,260 personas, entre ellas 160 mujeres. Estas detenciones, según la misión, se llevaron a cabo sin garantías procesales adecuadas, con audiencias telemáticas sumarias llevadas a cabo en tribunales de Caracas, a pesar de que muchos de los casos ocurrieron en otras regiones del país.

Por otro lado, las cifras oficiales presentadas por el fiscal general de Venezuela señalan que el número de personas detenidas asciende a 2,200. Sin embargo, la misión de la ONU cuestiona la legitimidad de estas detenciones, señalando la falta de pruebas y la aplicación desproporcionada de los cargos penales.

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Finalmente, el informe destaca que, en muchos casos, se negó información a las familias de los detenidos o se les proporcionó de manera tardía e incompleta. Además, se impidió a los detenidos contar con abogados de su confianza, lo que agrava aún más la situación de desprotección a la que están sometidos. La comunidad internacional sigue observando de cerca estos acontecimientos, exigiendo una respuesta justa y transparente por parte del gobierno venezolano.