Austeridad y eliminación de organismos autónomos: Luisa Maria Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- Así como en las últimas semanas, luego de que el 5 de febrero fuera dado a conocer el último paquete de 20 iniciativas de reforma a la Constitución, este martes 27 de febrero, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, presentó la referente a la materia en austeridad y remuneraciones.

Antes de entrar de lleno en la materia, Alcalde explicó que la reforma gira entorno a tres iniciativas: uno, la austeridad; dos, el tope para salarios de funcionarios públicos; y, tres, la eliminación de los órganos autónomos. 

Austeridad Republicana 

Sobre el primer punto, acerca de la llamada “Austeridad Republicana”, Alcalde señaló que la palabra “austeridad” no es mencionada en la Constitución. En cuanto a ello, en sus palabras, “este debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos”.

Además, recordó la antes aprobada Ley Federal de Austeridad Republicana de 2019, “que ha permitido liberar muchísimos fondos”, señaló; pero, pese a ello, también dijo que “varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios”, bajo los argumentos de la división de poderes, autonomía constitucional y la soberanía de los estados.

Por ende, bajo esos parámetros, señaló que la propuesta busca establecer el principio de “austeridad republicana” en el artículo 134° de la Constitución, “para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente”.

Además, se podrá facultar al Congreso de la Unión para que expida una Ley General de Austeridad Republicana “que sea obligatoria para todos los poderes, para todos los niveles, para todas las autoridades estatales, sin ningún tipo de excepción”.

A este punto, se suma el “prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sea indispensables”, lo que resumió en la eliminación de cualquier gasto superfluo o innecesarios.

Finalmente, sobre este punto, se propone prohibir los esquemas privados de jubilación, pensión y retiro, seguros de separación, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, cajas de ahorro o “de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos”.

Remuneraciones que violan la ley

Alcalde indicó que, desde 2009, el artículo 127° ha establecido la prohibición de que los servidores públicos ganen más que el presidente. No obstante, actualmente y según las cifras mostradas en su presentación, hay 2 mil 560 funcionarios federales que violan dicho principio.

De estos, 2377 funcionarios son del Poder Judicial de la Federación y 182 de cuatro órganos autónomos. A pesar de ello, también indicó que, a nivel estatal, también hay funcionarios que incurren en la misma violación.

Por tanto, la propuesta busca establecer que “ningún servidor público podrá ganar más que el presidente, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida de Actualización (UMA)”.

Dicho esto, con ello se establecería “el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar”, por lo que se ajustarían todas las remuneraciones de servidores públicos, federales y locales, al tope máximo establecido.

Asimismo, señaló que, todos los ahorros obtenidos por dicha medida, “se van a destinar al Fondo de Pensiones para el Bienestar”. 

Eliminación de los órganos autónomos

En cuanto este punto, Alcalde dijo que las funciones de estos organismos antes estaban en las secretarias de Estados. Además, indicó que, la creación de estos órganos “no ha representado mayor independencia, mejor desempeño”.

Subrayó que, “al contrario, ha significado mayor gasto, son órganos muy costosos”, cuyos efectos, según Alcalde, “han duplicado funciones y, también, debilitando la rectoría del propio Estado”.

En su propuesta, buscan eliminar las duplicidades; la desaparición de los siete órganos reguladores (INAI, COFECE, IFT, CNH, CONEVAL y MEJOREDU) y que, sus funciones, regresen a las dependencias.

A estos dos puntos, se añaden que la desaparición de 17 organismos descentralizados y desconcentrados federales, para que formen parte de las dependencias. A lo cual, según lo dicho por la secretaria de Gobernación, se respetará los derechos de las y los trabajadores.

Igualmente, como en el punto sobre remuneraciones, los ahorros sobre esto serían abonados al Fondo de Pensiones del Bienestar.