Ayotzinapa: 10 años de búsqueda y desilusión. ¿Qué hicieron EPN y AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La conmemoración del décimo aniversario de la trágica desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos resalta un decenio marcado por la injusticia y la impunidad. Esta dolorosa fecha no solo simboliza la lucha constante de las familias por la verdad, sino que también coincide con el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien no logró cumplir su promesa de esclarecer el caso, dejando a los padres con más dudas que certezas sobre el destino de sus hijos.

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Durante estos diez años, dos presidentes han ocupado el cargo y se han comprometido a desentrañar lo sucedido en Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han implementado diferentes enfoques para abordar este oscuro capítulo de la historia mexicana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la falta de respuestas concretas ha intensificado la frustración y el dolor de las familias, quienes continúan esperando justicia en un país donde el clamor por la verdad aún resuena con fuerza.

Enrique Peña Nieto

El gobierno de Enrique Peña Nieto llegó al poder con grandes promesas de transformación y renovación para el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, su administración, que comenzó con reformas estructurales y altos índices de popularidad, dio un giro drástico en 2014, cuando la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa conmovió al país, revelando la fragilidad del Estado ante la violencia y la corrupción.

A 10 años de esa tragedia aún no resuelta, Peña Nieto ha decidido compartir su versión de los hechos en una conversación con el periodista Mario Maldonado. Su relato se encuentra en el libro Confesiones desde el exilio: EPN, donde desentraña los múltiples desafíos que enfrentó durante su mandato y la manera en que estos impactaron su gobierno.

La crisis en Iguala no fue un evento aislado; se desarrolló en un contexto de tensiones sociales, agravadas por la huelga del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en respuesta a la controvertida Reforma Educativa. Este clima convulso demandaba atención, y el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se encontraba inmerso en la gestión de estas problemáticas, lo que complicó la respuesta del gobierno ante la emergencia de Ayotzinapa.

En su reflexión, Peña Nieto admitió que su intento de intervenir en la crisis fue un error de cálculo que terminó por acarrear más problemas que soluciones. En vez de resolver la situación, su administración se vio atrapada en un escándalo que se convirtió en el momento más crítico de su presidencia. Este episodio no sólo manchó su imagen, sino que también puso en entredicho la credibilidad del PRI.

'Nos metimos a intervenir desde el aparato estatal, pero estábamos más ocupados con la huelga en el Politécnico. Nadie recuerda eso ahora', comentó el exmandatario, aludiendo a la dispersión de la atención del gobierno en diversos frentes, lo que obstaculizó una respuesta efectiva ante la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam, otra piedra en el zapato

Otro de los temas que le pesa a Peña Nieto es el destino de Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien quedó 'quemado' tras el escándalo de Ayotzinapa, a pesar de su amplia trayectoria en la política. Este episodio no solo afectó a los directamente involucrados, sino que también alteró la percepción pública sobre el gobierno y su capacidad para manejar crisis de tal magnitud.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa dejó una huella profunda en la historia contemporánea de México. Este suceso no solo evidenció la fragilidad del Estado, sino que también puso de manifiesto la compleja relación entre el gobierno y la sociedad civil. La indignación popular llevó a una serie de manifestaciones y un clamor por justicia que aún resuena en las calles del país.

A medida que México conmemora el décimo aniversario de esta tragedia, se hace necesario recordar las lecciones aprendidas. La historia de Ayotzinapa es un llamado a la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder, así como una oportunidad para reflexionar sobre el futuro y trabajar hacia una gobernanza que respete los derechos humanos y valore la vida de todos los ciudadanos.

Andrés Manuel López Obrador

Con el cierre del mandato de Andrés Manuel López Obrador a la vista, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se encuentran ante un futuro incierto. Durante su campaña presidencial en 2018, AMLO se comprometió a desentrañar la verdad detrás de la desaparición de sus hijos. Sin embargo, a medida que se prepara para entregar la presidencia a Claudia Sheinbaum, las esperanzas de justicia parecen desvanecerse.

Promesas desde el día 1

Desde el primer día de su gobierno, López Obrador prometió que se revelaría lo que realmente sucedió en Iguala. “No les fallaré a las madres y padres de los jóvenes”, repetía en sus discursos. Sin embargo, la falta de respuestas concretas ha mantenido a las familias en un constante estado de angustia, sumidas en una búsqueda desesperada por saber el paradero de sus seres queridos.

La administración de AMLO ha tratado de desmantelar la llamada 'verdad histórica', una versión oficial promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta narrativa sostenía que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en Cocula por el cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, muchos críticos creen que esta explicación fue un intento de ocultar la verdadera naturaleza de los hechos.

A casi una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin resolverse plenamente. En septiembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el segundo informe de la Comisión de la Verdad, en el que admitió que no existen pruebas que indiquen que los estudiantes sigan con vida. “Las evidencias apuntan a que fueron asesinados y desaparecidos de manera brutal”, señaló, lo que ha causado un fuerte impacto en las familias de los desaparecidos.

Desmantelamiento de la 'verdad histórica'

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha sido una figura clave en la nueva investigación. Encinas ha denunciado la 'verdad histórica', versión oficial del gobierno anterior, como un intento de encubrimiento, afirmando que el caso de Ayotzinapa constituye un 'crimen de Estado'. Según sus declaraciones, funcionarios de distintos niveles de gobierno habrían participado en la manipulación de los hechos para ocultar lo que realmente sucedió.

A pesar de los esfuerzos por esclarecer el caso, el avance ha sido limitado. Hasta la fecha, solo se han identificado los restos de tres estudiantes, lo que ha generado frustración entre las familias de los normalistas. La lentitud en los resultados ha planteado dudas sobre la capacidad de la administración actual para cumplir con las promesas de justicia.

Con la transición hacia un nuevo gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, el caso Ayotzinapa sigue siendo un desafío sin resolver. Las familias de los 43 estudiantes continúan exigiendo respuestas claras, mientras la sociedad mexicana mantiene viva la exigencia de justicia para cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente.

Sheinbaum 'hereda' la deuda de la 4T

Al tomar las riendas del gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo se enfrenta a múltiples desafíos, y entre los más complejos está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herencia de la administración de Enrique Peña Nieto que la Cuarta Transformación aún no ha podido esclarecer. El caso, cargado de promesas incumplidas y esperanzas frustradas, sigue siendo una deuda pendiente con las familias y la sociedad mexicana.

En este décimo aniversario de la desaparición, las voces de los padres de los normalistas resuenan más fuerte que nunca. Exigen respuestas claras que, a pesar de varios informes y avances, aún no han llegado. Las marchas y protestas en las calles reflejan la urgencia con la que buscan saber qué pasó realmente con los estudiantes la fatídica noche en Iguala.

La llegada de Sheinbaum al poder, trae consigo un dejo de renovación en las expectativas de justicia para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, quienes han visto sus demandas ignoradas por una década. Aunque este cambio de administración genera esperanzas, el desafío de enfrentar uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México se mantiene. La presión es palpable, y el cierre de este capítulo dependerá de acciones concretas que logren sanar las profundas heridas que aún persisten en la sociedad.