Nueva reforma sobre prisión preventiva oficiosa es perjudicial y regresiva, advierte la ONU-DH
Este jueves 14 de noviembre con 335 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución.
CIUDAD DE MÉXICO.- Con una mayoría calificada de 335 votos a favor, 108 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Este cambio ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes argumentan que se trata de una medida regresiva.
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¿Qué establece la reforma sobre prisión preventiva oficiosa?
En un comunicado del 14 de noviembre, la Cámara de Diputados informó que el dictamen aprobado reforma el artículo 19 constitucional, permitiendo que más delitos ameriten la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó que esta reforma atenta contra varios principios fundamentales, como:
- La presunción de inocencia
- El derecho a la libertad personal
- El debido proceso
- La igualdad ante la ley
- El derecho a la integridad personal
- El deber de fundamentar y motivar la medida privativa de la libertad
- La independencia judicial
- El derecho a la revisión judicial
- La persecución eficaz de los delitos
- El enfoque de derechos humanos en la seguridad pública
La ONU-DH enfatizó que la detención automática de personas sin justificación detallada no solo viola derechos humanos, sino que también desincentiva las capacidades de investigación criminal y va en contra de recomendaciones internacionales.
Esta reforma enfrenta críticas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes consideran que su implementación podría generar prácticas de detención arbitraria, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población, como el caso de las mujeres.
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En su mensaje del 13 de noviembre, la ONU-DH México advirtió: “La reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa #PPO endurece y expande una medida que debería eliminarse. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una #DetenciónArbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres.”
El tema ha sido ampliamente cuestionado. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó modificar y eliminar esta medida, al señalar que permite la encarcelación sin justificación específica. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa en Palacio Nacional: “El que haya prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleve a alguien a prisión. La fiscalía tiene que aportar pruebas; lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no”.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa implica encarcelamiento automático sin necesidad de que el Ministerio Público justifique detalladamente la medida. En lugar de realizar una investigación exhaustiva, el Ministerio Público puede solicitar esta medida directamente al juez, lo que críticos señalan como un obstáculo para la reducción de la violencia y los delitos.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila defendió la reforma, afirmando: “Hemos respondido a una demanda ciudadana. Con la reforma al Artículo 19 constitucional, que establece prisión preventiva oficiosa para delitos graves, fortalecemos el marco jurídico para proteger a la sociedad.”
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Durante la discusión, se propuso incluir otros delitos en el catálogo de prisión preventiva, pero quedaron excluidos el narcomenudeo y el fraude fiscal. La periodista Leticia Robles de la Rosa explicó que el artículo 19 constitucional ya establece prisión preventiva oficiosa para la delincuencia organizada. Sin embargo, mientras el narcomenudeo no se incluya explícitamente, muchos consumidores de drogas siguen enfrentando prisión por portación ilegal, no por narcomenudeo, lo cual seguiría siendo una práctica común.
El presidente de la Junta de Coordinación Política también presentó tres reservas. Las tres reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal fueron aceptadas para excluir del proyecto los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, así como para ampliar la hipótesis sobre los distribuidores de precursores químicos, como el fentanilo.