Los exfuncionarios de Tijuana fueron sancionados tras observaciones durante la revisión de la cuenta pública 2021-2024.
Cinco exfuncionarios de la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero fueron sancionados tras observaciones realizadas durante la revisión de la cuenta pública, a la par de otros asuntos relacionados con funcionarios de Baja California como el caso la gobernadora Marina del Pilar.
Las resoluciones corresponden a expedientes administrativos relacionados con el desempeño de sus funciones dentro del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.
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La síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán informó que cinco exfuncionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana fueron inhabilitados como resultado de procedimientos administrativos iniciados después de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo con la información proporcionada, la ASE presentó promociones de responsabilidad administrativa luego de identificar posibles incumplimientos relacionados con las funciones que desempeñaban los servidores públicos durante la administración municipal de 2021 a 2024.
Entre las personas sancionadas se encuentra el extesorero municipal Raymundo Vega Andrade, quien enfrenta dos expedientes administrativos, también fueron señalados:
Hitzia Massiel Martínez Valenzuela, exdirectora de Catastro
José Ángel Cabrera Avilés, excoordinador de Tesorería
Nora Elisa Márquez Carvajal, exdirectora del Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN)
Rangel De la Luz Vázquez, excoordinador administrativo del IMPLAN
Las sanciones corresponden a una inhabilitación por un año, de acuerdo con la información proporcionada por la Sindicatura Procuradora.
Balderas Beltrán explicó que los procedimientos están relacionados con el incumplimiento de obligaciones administrativas vinculadas con el desempeño de los cargos que ocupaban los exservidores públicos.
Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles de las conductas atribuidas a cada uno de los expedientes, por lo que no se puede establecer que los cinco casos correspondan al mismo tipo de incumplimiento.
Hasta ahora, no se ha informado que la exalcaldesa Montserrat Caballero haya sido sancionada dentro de estos procedimientos. Las resoluciones corresponden únicamente a los exfuncionarios mencionados.
Estos no son los únicos exservidores públicos que han enfrentado investigaciones recientemente. A mediados de julio de 2026 también se dio a conocer la detención del exgobernador Ernesto “N”, por presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustible y delincuencia organizada.
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El origen de los procedimientos está relacionado con la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo 2021-2024.
Durante estos procesos, la Auditoría Superior del Estado formula observaciones cuando encuentra situaciones que requieren aclaraciones o cuando identifica posibles responsabilidades administrativas.
En los casos que pueden derivar en una responsabilidad, la información puede ser turnada a las autoridades correspondientes para que se determine si existe una conducta sancionable.
En este caso, las promociones de responsabilidad administrativa presentadas por la ASE dieron paso a los procedimientos que terminaron con las sanciones contra los cinco exfuncionarios.
Las irregularidades administrativas no necesariamente significan que exista un delito. Se trata de procedimientos en los que se analiza si un servidor público cumplió con las obligaciones establecidas para el cargo que ocupaba.
La diferencia es importante porque una sanción administrativa no equivale por sí misma a una condena penal.
Además, los antecedentes públicos de la Sindicatura muestran que ya se habían iniciado procedimientos contra otros exfuncionarios de la administración de Montserrat Caballero por situaciones relacionadas con el manejo de recursos y el seguimiento de contratos.
En uno de esos casos, tres exservidores fueron sancionados por actuaciones vinculadas con la adquisición de uniformes escolares, mientras otro fue inhabilitado por deficiencias en el seguimiento de un contrato de mantenimiento de semáforos.
Estos casos forman parte de distintos expedientes administrativos y no deben confundirse con las nuevas sanciones mencionadas en esta información.
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La Sindicatura Procuradora señaló que continuará dando seguimiento a los procedimientos que se desprendan de las auditorías y de las observaciones realizadas a la administración municipal anterior.
La revisión de las cuentas públicas permite identificar posibles incumplimientos y, cuando existen elementos suficientes, iniciar los procesos correspondientes para determinar responsabilidades.
En el caso de los cinco exfuncionarios sancionados, la información proporcionada señala que las inhabilitaciones están relacionadas con obligaciones administrativas de sus respectivos cargos.
La autoridad municipal también indicó que mantendrá el seguimiento de los procedimientos derivados de las revisiones realizadas a la administración anterior.
El caso de Raymundo Vega Andrade destaca debido a que el extesorero aparece relacionado con dos expedientes administrativos. El resto de los exfuncionarios señalados corresponde a áreas como Catastro, Tesorería e IMPLAN.
Por ahora, la información disponible no detalla qué conducta específica corresponde a cada uno de los cinco expedientes ni establece que exista una responsabilidad penal derivada de estos procedimientos.
Las sanciones se mantienen dentro del ámbito administrativo y fueron determinadas a partir de los procedimientos correspondientes.
La Sindicatura señaló que el seguimiento de las auditorías busca revisar cómo se ejercieron los recursos y si quienes ocuparon cargos públicos cumplieron con las obligaciones de sus puestos durante la administración municipal anterior.
Este caso se suma a otros procesos recientes contra exservidores, ya que también se dio a conocer que Pedro Ariel “N”, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, fue liberado después de haber sido vinculado a proceso por el presunto delito de desaparición forzada.
