A más de una semana del asesinato del exsubprocurador Bernardo Soriano la investigación sigue abierta y autoridades reportan avances.
A diez días del ataque contra el exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Bernardo Soriano Castro asesinado el 25 de febrero cuando llevaba a su hija menor a la escuela, autoridades informaron que hay avances en la investigación.
El crimen ocurrió seis días después de que el exfuncionario denunciara públicamente presuntos casos de corrupción y extorsión dentro de la institución donde trabajaba, lo que provocó que el hecho se volviera mediático.
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A más de una semana del asesinato de Bernardo Soriano Castro, las autoridades han informado algunos avances en la investigación, aunque todavía no se ha confirmado quiénes participaron directamente en el ataque ni se han anunciado detenciones.
El exfuncionario fue asesinado la mañana del 25 de febrero de 2026 en La Paz, cuando sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon en su contra. El ataque ocurrió mientras se encontraba acompañado de su hija, quien resultó ilesa.
En los días posteriores, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que realizó operativos y trabajos de investigación para ubicar indicios relacionados con el crimen.
Tras analizar 22 cámaras de vigilancia, la PGJE informó que tras un operativo localizó dos vehículos sospechosos en las colonias Primero de Mayo y Camino Real.
Entre los avances reportados por la autoridad estatal se encuentran aseguramientos de objetos que podrían estar vinculados con el ataque:
Estos elementos forman parte de las líneas de investigación para identificar a los responsables del homicidio.
Hasta el momento, la PGJE ha señalado que continúa el trabajo de inteligencia y campo para reconstruir cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.
Bernardo Soriano Castro en una reunión institucional durante su trayectoria en el servicio público. Foto: Facebook / Bernardo Soriano Castro
Susana Zatarain y Rigoberto Mares
Por su parte, la oposición y representantes federales cuestionan la imparcialidad de las investigaciones locales, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Rigoberto Mares y la Senadora de la República de México Susana Zatarain coinciden en que la procuraduría del estado no puede ser juez y parte.
Señalamientos de corrupción: el titular del PAN recordó que el exfuncionario denunció extorsiones y "cobro de piso" dentro de la propia procuraduría antes de morir, por lo que exige que el procurador comparezca ante el Congreso del Estado.
Mensaje a la sociedad: advirtió que si un exmando con información privilegiada es ejecutado sin protección, el mensaje para el resto de los habitantes es de total vulnerabilidad.
Petición a la FGR: la senadora presentó formalmente un oficio ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta atraiga el caso, argumentando que la gravedad de los hechos y el interés público requieren capacidad federal.
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En entrevista para el programa “Agenda Pública”, el procurador general de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, confirmó que acordó con el gobernador Víctor Castro que los motivos del despido del exfuncionario, previo al ataque, fueron los siguientes:
Falta de alineación política: declaró que Soriano Castro "no iba en la dirección de la Cuarta Transformación" ni seguía el plan de desarrollo estatal.
Remoción por confianza: comparó la situación con un auto cuyas llantas giran en direcciones opuestas, justificando así la pérdida de confianza en el exfuncionario.
Postura oficial: calificó como "desafortunado" el asesinato, pero mantuvo que la remoción fue una decisión administrativa necesaria.
Sin embargo, partidos políticos de oposición señalaron que el exsubprocurador fue descalificado públicamente y retado a presentar pruebas de sus dichos menos de una semana antes de ser ejecutado.
Bernardo Soriano Castro en una reunión institucional durante su trayectoria en el servicio público. Foto: Facebook / Bernardo Soriano Castro
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Hasta ahora se sabe que la PGJE reporta avances en el análisis de las pruebas, además de que en operativos posteriores se aseguraron vehículos y armas relacionados con el caso.
También se han emitido posicionamientos públicos sobre lo ocurrido; sin embargo, todavía no se ha informado quiénes serían los responsables directos, cuál habría sido el móvil del crimen ni si el caso será atraído por autoridades federales.
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Los objetos y armas asegurados están siendo revisados por peritos para saber si coinciden con los casquillos encontrados en el lugar del ataque; hasta ahora, no hay personas detenidas como responsables directos del homicidio.
El Gobierno del Estado informó que la investigación sigue en curso, mientras que la FGR recibió el oficio para evaluar si asume el control total del caso. Tras lo ocurrido, incluso la Embajada de Estados Unidos en México lamentó la muerte.
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