El contraste es claro, menos tipos de delitos, pero problemas persistentes en la atención, investigación y resolución de los casos.
En Baja California Sur, la incidencia delictiva se concentra en solo 13 modalidades principales. A diferencia de otras entidades del país, donde la diversidad de conductas delictivas es mucho mayor, este escenario podría representar una ventaja para las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos.
Sin embargo, esta condición no se ha traducido en mejores resultados. Especialistas advierten que factores como la falta de capacitación, recursos limitados y ausencia de programas de profesionalización han impedido que el sistema de justicia funcione de manera eficaz.
De acuerdo con especialistas, en el Estado se cometen, principalmente, 13 modalidades delictivas. Esta cifra es significativamente menor si se compara con entidades como la Ciudad de México, donde el catálogo de delitos es mucho más amplio.
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El abogado Arturo Rubio Ruiz explicó que esta baja diversidad delictiva podría facilitar el trabajo de las autoridades. “El perfil delictivo en Baja California Sur es reducido. Si solo hay 13 variantes de delitos que se cometen de manera predominante, con una preparación media un agente podría estar altamente capacitado en seis meses o un año”, señaló.
Esta condición, en teoría, permitiría enfocar los esfuerzos institucionales en la especialización y mejorar la respuesta ante los delitos más frecuentes.
Foto: Archivo.
A pesar de este escenario, la realidad muestra que la posible ventaja no se ha capitalizado. Rubio Ruiz comparó el caso de Baja California Sur con el de otras entidades más complejas, donde la diversidad de delitos exige mayor experiencia y tiempo de formación.
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“Se cometen muchos delitos, pero de pocas modalidades. Son 13 las modalidades delictivas que se cometen, en comparación con las casi 400 de la Ciudad de México”, explicó.
Incluso, consideró que esta situación podría facilitar condiciones más eficientes en la procuración de justicia. “Es como para que viviéramos en el paraíso”, afirmó, al referirse al potencial que tendría el Estado si se aprovechara esta característica.
Foto: PGJE.
El principal obstáculo, de acuerdo con el especialista, radica en las limitaciones estructurales del sistema. La falta de inversión, capacitación y planeación impide que los agentes del Ministerio Público desarrollen las habilidades necesarias.
Rubio Ruiz señaló que, en condiciones adecuadas, un funcionario podría especializarse en un periodo relativamente corto. “Alguien con una preparación mediana podría en seis meses, en un año, estar altamente capacitado. Sin embargo, no ocurre así, porque no hay programas de eficientización”, indicó.
También cuestionó la falta de especialización dentro de las instituciones. “Si solo son 13 las modalidades de delitos que se cometen preponderantemente, ¿por qué no tenemos gente especializada?”, planteó.
A esto se suman factores como bajos salarios y la falta de incentivos para la profesionalización, lo que limita el desarrollo de capacidades dentro del sistema.
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Las deficiencias en la procuración de justicia no solo afectan el funcionamiento interno de las instituciones, también tienen consecuencias directas en la población.
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La falta de resultados en la investigación y resolución de delitos contribuye a mantener niveles de impunidad, lo que a su vez genera desconfianza hacia las autoridades.
Entre los principales problemas señalados están:
Este panorama refleja una paradoja: Baja California Sur enfrenta menos tipos de delitos que otras entidades, pero no logra traducir esa condición en un sistema de justicia más eficiente.
Para especialistas, el reto no está en la cantidad de delitos, sino en la capacidad institucional para atenderlos.
