La muerte de Bernardo Soriano ocurrió semanas después de su salida de la PGJE y de los señalamientos internos que hizo públicos.
La salida de Bernardo Soriano Castro de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió un conflicto público semanas antes de su asesinato en La Paz, Baja California Sur.
Días antes había arremetido en contra de la dependencia asegurando que había malos manejos dentro de ella.
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En julio de 2025, Bernardo Soriano dejó la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, semanas después de que su nombre apareció en narcomantas con señalamientos en su contra en distintos municipios del estado.
En ese momento, el gobernador del Estado Víctor Castro Cosío anunció que Soriano no saldría de la institución, sino que asumiría otra responsabilidad dentro de la PGJE como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales (CICP).
El mandatario explicó que el cambio formaba parte de un reacomodo interno y que no se trataba de una renuncia, sino de una reubicación tras “cumplirse un ciclo”.
Desde ese cargo, participó en actividades de capacitación para agentes de investigación y en tareas relacionadas con formación y análisis criminal.
En febrero de 2026, compartió en sus redes sociales el oficio donde le notificaron su salida definitiva de la institución. El documento estaba fechado el 12 de febrero, se lo entregaron el 13 y le indicaron que el 16 sería su último día.
Tras esa notificación, Soriano aseguró que su despido fue una remoción directa ordenada por el procurador Antonio López Rodríguez.
Sostuvo que la decisión se tomó después de que emitió opiniones públicas sobre la falta de resultados y la gestión interna de la dependencia.
Dijo que cuestionó el manejo de casos prioritarios y la integración de equipos ministeriales, también afirmó que el procurador deshizo la unidad antisecuestro de la zona norte, que según su versión, había avanzado en órdenes de aprehensión por secuestro y extorsión.
Calificó su salida como un acto de censura y una violación a su libertad de expresión; asimismo, en sus últimas declaraciones acusó a su superior de falta de supervisión en casos sensibles y pidió al Congreso del Estado su destitución por presuntas omisiones dentro de la dependencia.
Sin embargo, tras esas declaraciones, el gobernador respondió y cuestionó su postura, al señalar que no era correcto hacer ese tipo de señalamientos después de haber formado parte de la institución.
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Foto: Facebook / Bernardo Soriano
El exsubprocurador fue asesinado a balazos la mañana del 25 de febrero de 2026 en La Paz, en un ataque que las autoridades investigan como homicidio doloso.
Según los primeros reportes, se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados en la colonia Hispania, lugar donde recibió los disparos y murió en el sitio.
La PGJE confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que lamentó el ataque y dio a conocer que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.
Sobre lo ocurrido, versiones preliminares señalaron que el exfuncionario iba acompañado de su hija, quien habría resultado ilesa; no obstante, el gobernador precisó después que se trataba de su hijo.
Tras el atentado, autoridades estatales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta ahora no se han informado detenciones ni avances concretos en la investigación.
El gobernador describió el hecho como un acto de “cobardía” y lamentó que un exintegrante de la procuración de justicia fuera víctima de violencia de este tipo, en un estado donde no se habían registrado agresiones de alto impacto similares en meses recientes.
Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el caso, incluyendo a través de líneas de denuncia anónima, mientras la investigación continúa sin confirmarse aún el móvil detrás del ataque ni si existe relación directa con su trabajo anterior en la dependencia.
Foto: Facebook / Bernardo Soriano
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Antes de su muerte, habló públicamente sobre lo que calificó como un ambiente de tensión dentro de la dependencia y aseguró que la violencia había alcanzado a integrantes de la propia institución.
Señaló que también había afectado a otros miembros de la corporación, como el agente Nabor Sánchez, asesinado el 30 de agosto de 2025. Indicó que existían amenazas previas contra personal ministerial y que, tras su salida del cargo, no se reforzaron las medidas de seguridad en esa región.
Mencionó además denuncias por cobro de piso en Guerrero Negro y agresiones contra integrantes de cooperativas pesqueras. Según su versión, había órdenes de aprehensión en curso y coordinación con fuerzas federales por casos de secuestro y extorsión.
También afirmó que existían oficios de cambio de adscripción que retiraron a los elementos encargados de vigilancia. En ese contexto, hasta el 18 de febrero de 2026 Baja California Sur acumulaba seis homicidios en el año.
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Ahora el Congreso del Estado podría revisar las denuncias que hizo públicas antes de su muerte. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) deberá esclarecer el homicidio y determinar si existe relación entre el ataque y el conflicto interno que el exfuncionario denunció.
Además, su nombre apareció en narcomantas durante la ola de violencia que se registró en 2025, donde lo relacionaron con el crimen organizado.
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