La exdirectora del INVI se presentó ante la autoridad para rendir declaración por el presunto desvío, pero la audiencia se aplazó para el 5 de marzo.
Este jueves 5 de febrero, la exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, Fernanda Villareal fue citada en el Centro de Justicia Penal para rendir declaración, luego de que la Fiscalía Anticorrupción detectó irregularidades financieras en el Instituto.
Estas irregularidades son relacionadas con más de 54 millones de pesos entre 2021 y 2023, tras una serie de operaciones sospechosas y presuntos desvíos de recursos.
Foto: INVI BCS.
La exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal reiteró su disposición a colaborar con la autoridad y aseguró que es “la principal interesada en que de una vez se esclarezca, de una vez por todas, este tema”.
Destacó que siempre ha trabajado de frente con la comunidad y que su intención es atender el llamado de la autoridad con transparencia y responsabilidad.
Asimismo, aseguró que continuará dando la cara ante los medios y la ciudadanía para que se esclarezcan todas las dudas relacionadas con el caso.
Foto: Fernanda Villareal.
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Al ser cuestionada sobre los señalamientos que la vinculan con el presunto financiamiento de la campaña del senador Adán Augusto López Hernández en 2022, la funcionaria negó tener conocimiento sobre la testimonial que menciona recursos desviados para varias personas, incluido el financiamiento de la campaña
“No, no tengo conocimiento hasta este momento”. Villarreal enfatizó que su prioridad sigue siendo atender el llamado de la autoridad y colaborar para esclarecer el caso INVI, sin hacer comentarios sobre terceros.
Cabe mencionar que anteriormente, el excontador del INVI acusó de desvío de 85 millones de pesos en el gobierno de Víctor Castro.
Foto: NBCS Noticias / Facebook.
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La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a programas de vivienda social en Baja California Sur. Entre los principales indicios se encuentran movimientos financieros inusuales, transferencias a cuentas no autorizadas y contratos que no reflejaban servicios reales.
Además, se detectaron pagos sin respaldo técnico ni administrativo y el uso de intermediarios para dispersar los recursos de manera irregular. Estos fondos estaban destinados a apoyar a sectores vulnerables, lo que aumenta la preocupación por el impacto que podrían haber tenido estos desvíos en la población beneficiaria.
Hasta ahora, tres personas se encuentran en prisión preventiva por su presunta participación directa en la red de desvíos, aunque las autoridades han aclarado que la investigación sigue abierta y que podrían derivarse más detenciones conforme se avance en el caso.
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