La FGR revela la logística, las empresas involucradas y los decomisos que llevaron a la detención del exgobernador Ernesto "N".
Un juez federal dictó prisión preventiva y vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto “N” luego de que fue detenido por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El caso forma parte de una investigación llevada a cabo por las autoridades para desmantelar la red de internación ilícita de combustible más grande registrada en el país.
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De acuerdo con el expediente judicial de la Fiscalía General de la República (FGR), la operación utilizaba la red ferroviaria binacional para introducir millones de litros de combustible desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos.
La investigación señala que el esquema funcionaba mediante la alteración de pedimentos aduanales para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mecanismo operativo se desarrollaba de la siguiente manera:
Las cargas eran provistas por empresas estadounidenses como Belar Fuels Company, Maverick Terminals, L Energy International y Deer Park Refining.
Sin embargo, en los documentos oficiales ante la aduana se declaraban únicamente alrededor de 10 mil litros. Con este método declaraban solo el 10% de la carga real o registraban sustancias distintas para no pagar impuestos.
No obstante, durante ese ejercicio ingresó más de 2 mil 500 millones de litros, generando un excedente no declarado superior a los 2 mil 137 millones de litros.
Posteriormente se descargaba en espuelas ferroviarias para pasarse a pipas y comercializarse en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación de este patrón inició formalmente en julio de 2025 tras la localización de 33 ferrotanques abandonados en vías del tren en Ramos Arizpe, Coahuila, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor a combustible.
Al mismo tiempo, surgieron señalamientos de que la detención podría estar siendo utilizada como una supuesta cortina de humo tras la filtración de audios relacionados con la actual gobernadora Marina del Pilar, quien ha rechazado esas acusaciones.
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Ernesto “N” es uno de los nombres incluidos en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía General de la República. Foto: FGR
La FGR ubica a al exmandatario como uno de los presuntos líderes con funciones de dirección dentro de la empresa Ingemar S.A. de C.V..
Por los cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, el exfuncionario podría enfrentar una pena de entre 32 y 57 años de cárcel.
Por su parte, la defensa legal del exmandatario sostiene que su representado únicamente era un accionista minoritario dedicado al papeleo aduanal y que su participación en la empresa se había reducido a menos del 1.7% tras una reestructuración interna previa.
Durante la madrugada del 23 de julio de 2026, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó la vinculación a proceso tras una audiencia que se prolongó por más de 34 horas.
Debido a la naturaleza de los delitos imputados, se ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará su proceso recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Penal del Altiplano.
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La Fiscalía General de la República presentó ante un juez los avances de la investigación que involucra al exmandatario estatal. Foto: Ernesto "N"
Junto con el exmandatario panista, las autoridades judiciales vincularon a proceso a otros siete empresarios y agentes aduanales por presuntamente formar parte de esta misma estructura, entre las que se encuentran:
Ricardo "N": exvocal de la empresa Ingemar y propietario de Servicios Portuarios
José Merino "N": representante de empresas accionistas vinculadas al caso
Juan "N"zy Luis Antonio "N": agente aduanal y su dependiente autorizado
Adriana "N": representante de la compañía Logística Ferroviaria Fargo
José María "N" y Guillermo "N": fundadores de la empresa Internacional de Fundentes, quienes llevarán su proceso bajo prisión domiciliaria en Saltillo, Coahuila.
La titular de la FGR Ernestina Godoy confirmó que la investigación implicó el análisis de información financiera, fiscal y ferroviaria.
Además, las autoridades federales mantienen activas otras órdenes de aprehensión contra al menos 17 personas más identificadas como presuntos participantes de esta red.
Sin embargo, no es el único exgobernador de Baja California que ha sido señalado en una investigación, ya que Jaime Bonilla también enfrenta acusaciones por el presunto delito de peculado..
