Los audios atribuidos a Marina del Pilar muestran que habría buscado asesoría antes de intentar resolver la cancelación de su visa en EU.
Nuevas conversaciones y un audio atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionados con Estados unidos, entre ellos sobre supuestos acuerdos relacionados con la cancelación de su visa han surgido.
El material menciona por primera vez a un presunto exagente del Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) que habría sido contratado como asesor antes de los contactos con intermediarios en Estados Unidos.
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El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer esta información en su columna del diario El Universal, donde mostró capturas de mensajes de WhatsApp que forman parte de una serie de filtraciones.
Por su parte, el abogado Fernando Benítez explicó que estas grabaciones ya fueron entregadas para que se sumen a las investigaciones del caso.
En las conversaciones se habla de la supuesta contratación de un antiguo agente de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), la idea era que esta persona ayudara con labores de rastreo, vigilancia y logística de seguridad.
De acuerdo con la defensa de la familia Hank, este servicio se habría organizado por fuera de los registros y trámites oficiales.
Además, en los audios se escuchan detalles sobre pagos en dólares y coordinaciones hechas en meses pasados, los puntos principales que señala el reporte sobre las grabaciones son:
Quién es el especialista: en la charla se menciona a un exintegrante del FBI con experiencia en inteligencia y operaciones encubiertas.
Cómo fue la contratación: se habla de acuerdos de dinero y pagos de honorarios por fuera de los controles habituales.
Qué trabajo iba a hacer: la tarea principal consistía en revisar comunicaciones, rastrear perfiles y diseñar estrategias de protección.
En uno de los mensajes de WhatsApp compartidos por el periodista, una de las personas pregunta quién asesora a la mandataria.
La respuesta atribuyéndole el texto a la bajacaliforniana dice: "Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté".
Según lo publicado en la columna, Juan Sandoval es un consultor que trabaja en San Diego y es conocido en la zona fronteriza.
También se menciona que el costo de sus servicios rondaría los 300 mil dólares, aunque hasta el momento no se han presentado documentos que confirmen este pago.
En otro de los mensajes filtrados, la gobernadora comenta que el tema debía tratarse directamente con su equipo legal: "La verdad no sé por qué se vio este tema contigo. Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados".
Ante esto, la otra persona le responde que solo le compartió los datos para que los revisara con sus abogados, y agrega que le daba gusto que Sandoval y su equipo ya se conocieran por su etapa en el FBI.
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De acuerdo con la gobernadora, cualquier comunicación sobre el caso debía realizarse a través de su abogado, Michael Nadler. Foto: Facebook / Marina del Pilar
El abogado Fernando Benítez, en representación de la familia Hank, fue quien dio a conocer este material, él pidió formalmente a las autoridades que sumen estas grabaciones como pruebas dentro de la investigación por el homicidio del periodista Roberto Silva.
La defensa explica que estas llamadas ayudan a entender cómo se manejaba la seguridad de las personas involucradas durante los días cercanos al crimen.
Sin embargo, para que los audios sean tomados en cuenta de manera legal en un juicio, primero se deben cumplir varios pasos técnicos:
Revisión de voz: un análisis especializado para confirmar que las voces de la grabación sí corresponden a las personas señaladas.
Cuidado del archivo: comprobar de dónde salieron los audios y que los archivos digitales hayan estado protegidos sin ser alterados.
Aprobación de un juez: que un juez revise el material y decida si se acepta o no como prueba válida en el proceso.
Esta revelación es parte de una serie de publicaciones que comenzaron en junio y que han mostrado diferentes audios y mensajes sobre el tema de la visa estadounidense de titular de la administración estatal.
De acuerdo con el periodista, estas filtraciones buscan mostrar cómo fueron los acercamientos con personas que sirvieron como intermediarias.
Antes de que se difundiera el audio más reciente, ya se habían publicado varias grabaciones atribuidas a gobernadora bajacaliforniana relacionadas con la cancelación de su visa estadounidense y supuestos acercamientos con personas que decían tener contacto con autoridades de EE. UU.
Las filtraciones comenzaron el 22 de junio, cuando se dio a conocer un audio en el que un supuesto intermediario proponía una reunión privada en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana.
En esa conversación también se hablaba de posibles sanciones o cargos y la gobernadora respondía que cualquier asunto debía atenderse por medio de su abogado, Michael Nadler.
El 13 de julio se publicó una segunda grabación en la que un supuesto intermediario aseguraba que agencias estadounidenses consideraban que las reuniones previas no habían dado resultados y que estaban perdiendo el tiempo.
Durante esa llamada también se mencionaban posibles cargos, sanciones e incluso una eventual orden de extradición, aunque hasta ahora las autoridades del territorio estadounidense no han confirmado públicamente que exista un proceso penal contra la mandataria.
Después, el 16 de julio, se difundieron dos nuevos audios en los que se hablaba de una posible reunión en Panamá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado.
Según la conversación, Panamá habría sido elegido como un "territorio neutral" para evitar filtraciones, en esa grabación, la gobernadora preguntaba si sus abogados podían acompañarla y reiteraba que prefería que toda la comunicación se realizara a través de su equipo legal.
Finalmente, el 27 de julio se dio a conocer una nueva entrega en la que aparece el nombre de Juan Sandoval, identificado en los mensajes como un presunto exagente del FBI que, según las conversaciones difundidas, habría sido contratado como asesor antes de establecer contacto con los llamados intermediarios.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente las razones de la cancelación de la visa de la funcionaria ni han confirmado los señalamientos mencionados en las grabaciones difundidas.
Por su parte, la gobernadora sostiene que fue víctima de un engaño y que las personas con las que habló se hicieron pasar por representantes con vínculos en el país norteamericano.
La llegada de estas llamadas a la investigación abre nuevas rutas para revisar cómo funciona la contratación de seguridad privada.
El abogado señaló que se busca aclarar si se usó dinero para contratar personal extranjero sin cumplir con las reglas del país, esto podría traer varias consecuencias en el caso:
Llamar a declarar: citatorio a las personas que se escuchan en las llamadas para que den su testimonio.
Revisar permisos: verificar si el supuesto exintegrante del FBI tenía los permisos necesarios para trabajar en México.
Impacto en el caso: saber si la información que tenía este especialista se relaciona de alguna forma con el asesinato del periodista.
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Según la defensa de la familia Hank, el supuesto exagente del FBI habría sido contratado para realizar labores de rastreo, vigilancia y logística de seguridad. Foto: Facebook / Marina del Pilar
La titular del Poder Ejecutivo Estatal a ha rechazado las versiones difundidas en los audios y sostiene que fue víctima de un engaño.
Durante una conferencia de prensa el 15 de julio de 2026, explicó que aceptó una reunión en diciembre de 2025 porque, según ella, el entonces exgobernador Jaime Bonilla le dijo que podría ayudarla con el tema de la cancelación de su visa.
La mandataria aseguró que creyó que hablaría con representantes oficiales de EU, pero afirmó que las personas con las que se reunió nunca acreditaron su identidad ni presentaron documentos que respaldaran lo que decían.
También señaló que, al detectar inconsistencias, pidió que cualquier comunicación se realizara a través de su abogado, Michael Nadler y aseguró que nunca volvieron a contactarlo.
Según su versión, el objetivo de ese encuentro era grabar la conversación para después difundir fragmentos editados con fines políticos.
Tras la publicación de los audios, explicó que únicamente buscaba conocer por qué le habían cancelado la visa y qué opciones legales tenía para atender ese proceso.
La gobernadora también informó que analiza emprender acciones legales por la difusión de las grabaciones y conversaciones.
Mientras tanto, el semanario Zeta dio a conocer que un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones presenciales con ella, aunque hasta ahora no se ha informado de manera oficial qué se habló en esos encuentros ni si hubo algún acuerdo.
Hasta el momento, las autoridades estadounidense no han explicado públicamente las razones de la cancelación de la visa de la mandataria, ni han confirmado el contenido de los audios y conversaciones que se han difundido en las últimas semanas.
