El líder de la Patrulla Espiritual acusó ser víctima de un supuesto ataque político tras el caso de una mujer trans en Tijuana.
La polémica alrededor de la agrupación “Patrulla Espiritual” continúa, luego de que fueran señalados por presuntamente retener contra su voluntad y someter a terapias de conversión a una mujer trans en Tijuana.
El caso llegó hasta el gobierno de Baja California, que ya inició investigaciones contra las clínicas de rehabilitación relacionadas con este grupo, no solo por esta denuncia, sino también para revisar si existen otros casos donde se hayan violado los derechos de alguna persona.
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Durante el video que publicó en redes sociales, José Ignacio, conocido como “El Chiquilín”, aseguró que siente que existe un “golpe político” en contra de la agrupación “Patrulla Espiritual” a raíz del caso de Karime Emmanuel Ceballos, una mujer trans que fue trasladada a un centro de rehabilitación en Tijuana.
El líder del grupo afirmó que activistas y personas relacionadas con la política estarían utilizando el caso para afectar a su organización y a él personalmente. Incluso dijo que sospecha que podrían detenerlo por el delito de privación ilegal de la libertad, aunque sostuvo que está preparado para enfrentar cualquier investigación.
En sus declaraciones, señaló que no piensa “dejarse” y lanzó advertencias sobre exhibir públicamente a quienes, según él, buscan perjudicarlo. Comentó que tiene información sobre algunas personas involucradas en las protestas y aseguró que podría usar sus redes sociales para exponerlas si continúan los señalamientos en su contra.
“Si me golpean, si me quieren golpear políticamente, yo me voy a defender como gata boca arriba, voy a utilizar el poder de las redes sociales para exhibir todo con la manera tan cochina que están haciendo las cosas”.
También habló sobre la posibilidad de entrar a la política como candidato independiente a la presidencia municipal de Tijuana, diciendo que personas cercanas le han insistido en participar debido al respaldo que asegura tener entre algunos sectores de la población.
“Ya de tanto que me lo han dicho, que por qué no me lanzo a presidente municipal como independiente, en octubre, pues la gente me dice que me apoyaría, pero yo no soy para eso, aunque sí hay personas que dicen que sí debería hacerlo por todo este movimiento".
Además, insistió en que su intención no es realizar terapias de conversión ni afectar a integrantes de la comunidad LGBT+, sino ayudar a personas con problemas de adicciones.
Sin embargo, sus declaraciones generaron nuevas críticas por la forma en que habló sobre identidad de género y sobre las condiciones en las que operan sus centros de rehabilitación.
“El Chiquilín” sostuvo que las clínicas que maneja son para hombres y afirmó que no cuenta con espacios separados para atender a personas trans, también dijo que, desde su punto de vista, Karime Emmanuel aún no había podido expresarse “con claridad” debido a su situación de consumo de sustancias.
“Hay personas que cuando están en situación de calle o en consumo traen cosas o dicen cosas que después no corresponden a su realidad, y en otros casos hemos visto procesos así, donde no hay claridad en ese momento".
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La agrupación “Patrulla Espiritual” enfrenta señalamientos por presunta privación de la libertad de una mujer trans en Tijuana. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 02
Estas declaraciones surgen luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), encabezada por la fiscal María Elena Andrade Ramírez, confirmara el inicio de la carpeta de investigación penal NUC 04/2026/14466 por el delito de privación ilegal de la libertad.
El caso comenzó tras denuncias presentadas por la Asamblea Nacional Trans No Binaria y activistas como Susana Barrales, quienes entregaron videos en los que se observa a integrantes de un grupo de rehabilitación sometiendo a una mujer trans mientras ella pedía que la dejaran ir.
Sobre estos hechos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda condenó la agresión ocurrida el 9 de mayo. Aunque reconoció el trabajo de algunos centros de rehabilitación en el combate a las adicciones, señaló que cualquier intervención debe respetar los derechos humanos.
Por esta razón, la fiscal María Elena Andrade Ramírez informó que, además de la denuncia por el traslado forzado de la mujer, se abrió una revisión junto con la Secretaría de Salud.
El objetivo es revisar si existen más señalamientos contra este centro de rehabilitación o contra otros similares, y asegurar que no se violen los derechos de las personas internas.
Por su parte, el secretario de Salud del estado, José Adrián Medina Amarillas, explicó que el centro cuenta con permiso para operar, pero reconoció que ya había recibido sanciones anteriores por reportes de malos tratos, por lo que se dialogó con los responsables para que cumplieran con las normas.
También señaló que en Baja California Sur operan alrededor de 350 centros legales, por lo que la intención del gobierno no es cerrarlos sin motivo, sino actuar solo cuando se afecte la dignidad de las personas o no se cumplan las reglas sanitarias.
Ante esta situación, la gobernadora ordenó la creación de una mesa de trabajo entre distintas instituciones para mejorar la capacitación y supervisión de estos espacios.
Las autoridades de las áreas de Inclusión y de Equidad de Género destacaron que el gobierno reconoce el trabajo de organizaciones civiles que apoyan a personas en situación de calle, pero pidieron reforzar los protocolos con un enfoque de respeto y no discriminación, ya que todas las personas siguen teniendo derechos.
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio y notificó medidas preventivas a la Secretaría de Salud para proteger a la persona afectada.
Aunque personal del organismo entrevistó a la mujer y ella dijo encontrarse bien, la comisión recordó que el consumo de sustancias no elimina el derecho a la libertad ni a la integridad física.
El caso también generó reacciones en el ámbito de la libertad de expresión, luego de que cinco periodistas de Mexicali recibieran amenazas en redes sociales por informar sobre estos hechos.
Ante ello, el gobierno estatal activó un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitar una evaluación de riesgo urgente.
La Secretaría de Seguridad informó que ya se implementaron medidas de protección para los comunicadores afectados. En el caso de uno de ellos, se le asignó resguardo policial por 30 días y se le entregó un botón de pánico.
Finalmente, las autoridades señalaron que la policía cibernética ya investiga las cuentas desde donde se enviaron las amenazas, para determinar si son perfiles falsos o si están vinculados a simpatizantes del grupo señalado.
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Autoridades de Baja California abrieron investigaciones contra centros de rehabilitación ligados al caso. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual 02
Aunque la madre de la joven salió a defender al centro de rehabilitación y aseguró que ella autorizó el internamiento porque su hija llevaba un año viviendo en la calle por problemas de adicciones, la FGE mantiene abierta la investigación.
La fiscalía explicó que, al tratarse de una persona adulta, el permiso de los padres u otra persona no justifica el uso de la fuerza física para trasladarla en contra de su voluntad.
Por su parte, la Sindicatura Procuradora de Tijuana advirtió que las asociaciones civiles deben respetar los derechos humanos para poder mantener los apoyos del municipio.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que, aunque ya entrevistó a la mujer y confirmó que se encuentra bien físicamente, la revisión del centro de rehabilitación continuará, ya que existe otra queja previa por posibles malos tratos hacia otra persona interna.
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En su mensaje, el líder del grupo conocido como “El Chiquilín” aseguró que el caso de la mujer trans está siendo usado por algunas personas para atacarlo políticamente, debido a la atención que han ganado sus videos en redes sociales.
También mencionó que ha recibido propuestas de ciudadanos para postularse como candidato independiente a la presidencia municipal de Tijuana. Afirmó que, según él, los señalamientos de colectivos buscan frenar el apoyo que recibe el centro de rehabilitación.
El dirigente advirtió que cuenta con el respaldo de sus seguidores y que usará sus redes sociales para exponer lo que considera un ataque en su contra.
Además, sostuvo que se defenderá de las acusaciones legales asegurando que las acciones del centro de rehabilitación siempre han sido financiadas con donaciones voluntarias y con el objetivo de sacar a personas en situación vulnerable de las calles de la ciudad.
Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales también comenzaron a recordar y difundir polémicas anteriores relacionadas con el grupo, incluyendo señalamientos por presuntos abusos y otros hechos graves.
