Sin luz, con trámites detenidos y expedientes en deterioro, la oficina del Registro Agrario enfrenta una crisis que impacta a ejidos de toda la entidad.
El acceso a la justicia agraria y la certeza sobre la tenencia de la tierra son condiciones indispensables para la estabilidad social y económica del sector rural.
Cuando las instituciones responsables de garantizar estos derechos enfrentan limitaciones operativas, el impacto se traslada de inmediato a miles de familias que dependen de un documento, una constancia o una resolución para proteger su patrimonio.
En Baja California Sur, diversas voces del campo han comenzado a señalar una serie de problemáticas que estarían obstaculizando el funcionamiento de una de las dependencias federales con mayor contacto directo con ejidatarios y comuneros del estado.
Ropa, basura y objetos abandonados se acumulan en las inmediaciones del Registro Agrario Nacional en BCS. Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur
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Tras recibir múltiples denuncias por rezago acumulado y trámites paralizados desde hace meses, acudimos a las instalaciones del Registro Agrario Nacional en la entidad.
El edificio carece de energía eléctrica desde hace semanas, lo que ha dejado inoperantes los sistemas de cómputo, impresoras y equipos necesarios para la atención ciudadana.
Las instalaciones presentan un deterioro visible, con áreas inhabilitadas por falta de mantenimiento. Ante esta situación, los trabajadores han tenido que instalar mesas y sillas en el exterior para poder recibir a los usuarios, laborando a la intemperie, expuestos al sol y sin las herramientas mínimas para desahogar los procedimientos.
Los denunciantes señalan que esta situación lleva meses sin resolverse.
Expedientes y documentos oficiales son resguardados en condiciones improvisadas, lo que genera preocupación por su posible deterioro. Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur
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Uno de los puntos más críticos expuestos es el estado del archivo histórico. Expedientes correspondientes a más de 100 ejidos de todo Baja California Sur, que en conjunto abarcan alrededor de 5 millones de hectáreas, se encuentran almacenados sin condiciones adecuadas para su resguardo.
Los denunciantes reportan la presencia de roedores entre los legajos, cajas con humedad y documentos prácticamente abandonados. Se trata de planos definitivos, carpetas básicas, resoluciones presidenciales y certificados que constituyen la memoria legal de la tenencia de la tierra en el estado.
El riesgo de que estos documentos sufran daños irreparables aumenta cada día, lo que podría derivar en conflictos sociales y jurídicos por la imposibilidad de acreditar derechos.
Personal del Registro Agrario Nacional atiende a usuarios en el exterior ante la falta de condiciones adecuadas dentro de las oficinas. Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur
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Los usuarios y trabajadores atribuyen la crisis a dos factores: la falta de apoyo presupuestal y operativo por parte del Gobierno Federal, del cual depende directamente el Registro Agrario Nacional, así como a una deficiente gestión y seguimiento por parte del Gobierno del Estado para exigir condiciones dignas de operación.
Aunado a esto, señalan una presunta irregularidad grave: algunos testamentos agrarios estarían siendo resguardados en domicilios particulares de funcionarios, fuera de la cadena de custodia institucional que marca la norma. Consideran que esta práctica pone en riesgo la certeza jurídica de los campesinos y la validez de los instrumentos de sucesión.
Hasta el momento se está en espera de la declaración oficial de los funcionarios responsables, mientras los trámites de cientos de personas permanecen detenidos.
