Los centros de rehabilitación de BCS tendrían nuevas obligaciones con la Secretaría de Salud si se aprueba la reforma.
Rosalva Ibarra, líder del colectivo Búsquedas San José del Cabo en el municipio de Los Cabos, llevó al Congreso del Estado una propuesta para cambiar las reglas de los centros de rehabilitaciones en Baja California Sur.
La ciudadana Rosalva Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo, presentó una iniciativa ciudadana para reformar la ley que regula los centros de atención de adicciones en Baja California Sur.
La propuesta fue incluida en el orden del día de la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado de este martes 3 de noviembre de 2026, presidida por el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro.
La iniciativa busca modificar la fracción VI del artículo 57 de la Ley de Prevención, Promoción, Detección Oportuna, Tratamiento, Control y Reinserción Social de las Personas con Adicciones para el Estado de Baja California Sur.
Ese artículo establece las obligaciones de los centros de atención de adicciones, entre ellas llevar un registro del ingreso, tratamiento, egreso y reingreso de sus usuarios.
Con la reforma, los centros tendrían que enviar un informe semanal a la Secretaría de Salud del estado, con el fin de que la autoridad sepa quiénes ingresan y quiénes salen de estos lugares.
La propuesta también plantea que, si se interna a una persona que no puede ser identificada por su situación mental o física, el centro envíe un reporte extraordinario a la Secretaría de Salud.
Con ese reporte, la dependencia, en coordinación con otras autoridades, tendría que investigar la identidad de la persona que fue internada sin datos que permitan saber quién es.
En el caso de personas que podrían ser de otro país, la iniciativa establece que se deberá avisar al consulado o la embajada correspondiente, para obtener su identidad y proteger sus derechos humanos.
De aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de acuerdo con los artículos transitorios de la iniciativa.
El Ejecutivo estatal tendría 90 días para ajustar el reglamento, y la Secretaría de Salud tendría que crear los formatos o plataformas digitales para recibir los informes semanales y extraordinarios.
En la exposición de motivos, Ibarra Rojas señala que las adicciones son uno de los problemas más complejos de salud pública en el estado, y que para atenderlas existen centros operados por particulares y organizaciones civiles.
Según el documento, aunque estos centros cumplen una labor social, la falta de supervisión en tiempo real genera vacíos de información sobre las personas que permanecen internadas.
La iniciativa advierte que esa falta de información puede derivar en violaciones a los derechos humanos, en retenciones involuntarias o en que el Estado no pueda reaccionar a tiempo ante desapariciones.
Actualmente, de acuerdo con el texto, los reportes a la autoridad sanitaria se hacen de forma periódica, pero con retraso o solo con fines estadísticos de mediano y largo plazo.
Con un informe semanal, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal contra las Adicciones y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) podrían conocer el movimiento de personas y hacer inspecciones.
La propuesta señala que este control ayudaría a evitar la privación ilegal de la libertad, al asegurar que el internamiento responda a un tratamiento consentido y supervisado.
También permitiría a las autoridades cruzar información cuando exista una denuncia por desaparición, para que los centros “no se conviertan en espacios opacos”, según la iniciativa.
El documento sostiene que la medida no representa una carga excesiva para los centros, ya que el listado semanal se podría enviar por medios físicos o electrónicos.
La iniciativa se apoya en el derecho de la ciudadanía a proponer leyes, en el derecho a la protección de la salud y en la obligación de las autoridades de proteger los derechos humanos, establecidos en la Constitución.
Ibarra Rojas presentó la propuesta como ciudadana, con base en la Constitución del estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur.
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La propuesta surge después del caso de un hombre de Estados Unidos que fue localizado durante un operativo en el centro de rehabilitación Albergue María Loreto León Beltrán, en San José del Cabo.
Integrantes del colectivo Búsquedas San José del Cabo denunciaron que el hombre presuntamente llevaba cerca de dos años encerrado en una habitación del establecimiento.
Ibarra Rojas relató que recibió mensajes de personas que describían el lugar exacto del encierro, y que, después de dar esa información a las autoridades, el hombre fue localizado y sacado del lugar.
Tras su localización, el extranjero tenía dificultades para dar datos sobre su identidad y sobre su familia, por lo que el colectivo comenzó a buscar información para contactar a sus familiares.
Ese caso es el que motivó la parte de la iniciativa sobre personas sin identificación y extranjeros internados en estos centros.
Al compartir el orden del día de la sesión, el colectivo publicó en redes sociales que se mantiene optimista en que la reforma ayude a cerrar los vacíos que permiten desapariciones por prácticas irregulares en centros de rehabilitación.
“No a la desaparición. Basta de abusos”, escribió el colectivo en su publicación, en la que también pidió que se cierren los centros que desaparecen personas.
La presentación ante el pleno es el primer paso del proceso legislativo. Después, la iniciativa suele turnarse a una comisión, que la analiza y elabora un dictamen antes de que se vote.
En la misma sesión se presentaron otras iniciativas ciudadanas, como una para reformar el Código Penal y la Ley de Educación en materia de protección y revalorización del magisterio sudcaliforniano.
El colectivo Búsquedas San José del Cabo también difundió esta semana la ficha de búsqueda de Diego Valentín Velázquez León, un adolescente de 16 años desaparecido en Cabo San Lucas desde el 30 de octubre.
