Tribunal de BCS inhabilita 10 años a ex diputados y ex funcionario por abuso grave de funciones.
Recientemente se dio a conocer la inhabilitación por 10 años de exdiputados y un exfuncionario de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, tras acreditarse una falta administrativa grave por abuso de funciones.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, marcando un precedente en la entidad al tratarse de la primera ocasión en que se dicta una resolución de este tipo contra exintegrantes del Poder Legislativo estatal.
Sergio Villarreal Nogales, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, explicó que esta resolución representa un mensaje claro: "Ningún servidor público, tenga o no fuero, está exento de rendir cuentas por el manejo de recursos públicos", expresó.
De acuerdo con lo informado, la inhabilitación impide que los sancionados puedan ocupar cargos públicos, ya sea por elección popular o por designación directa, durante una década, siempre y cuando la sentencia quede firme tras agotarse los recursos legales correspondientes.
Según explicó Villarreal Nogales, el origen del procedimiento está relacionado con irregularidades en la presentación de la cuenta pública 2020 del Congreso del Estado.
Foto: Palabra BCS.
Detalló que los entonces diputados presidían comisiones como Hacienda y Auditoría, y tenían bajo su responsabilidad el manejo de los recursos del Poder Legislativo. Sin embargo, se acreditó una falta administrativa grave vinculada al abuso de funciones y deficiencias en la comprobación del gasto.
El integrante del Comité de Participación Ciudadana subrayó que el argumento de una crisis institucional o conflictos internos no justifica la omisión en el cumplimiento de obligaciones legales, como la correcta presentación y comprobación de la cuenta pública.
Asimismo, precisó la diferencia entre una sanción administrativa y una penal. En este caso, la resolución corresponde al ámbito administrativo, lo que deriva en inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, si se detectara un daño al erario que configure delito, podrían iniciarse procedimientos penales que incluso contemplan penas privativas de la libertad.
Es un claro mensaje de que todos los servidores públicos deben rendir cuentas ante la fiscalización de los recursos públicos
Sergio Villareal Nogales - Miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.
Te puede interesar....
Como ejemplo de las irregularidades, Villarreal Nogales recordó el caso de supuestos foros sobre la Ley de Transporte que, según se reportó, habrían costado alrededor de 350 mil pesos.
De acuerdo con lo expuesto, se justificó la realización de al menos cinco foros a nivel estatal; sin embargo, estos no se llevaron a cabo. El gasto fue presentado en la cuenta pública como si se hubiera ejecutado, situación que fue detectada por la auditoría correspondiente.
Este caso representa, dijo, solo una parte de las inconsistencias observadas en la revisión de la cuenta pública, y evidencia la importancia de vigilar el uso del recurso público, que pertenece a toda la ciudadanía.
XV Legislatura del Congreso del Estado. Foto: Radio Activo BCS.
En ese sentido, también explicó el impacto económico de la corrupción. Señaló que a nivel nacional se estima que los actos de corrupción representan miles de millones de pesos, y que, traducido a cada ciudadano, el costo puede ascender a varios miles de pesos por persona.
Recursos que, de no desviarse o utilizarse de manera indebida, podrían destinarse a servicios y obras en beneficio de la población.
Te puede interesar....
Una vez que la sentencia quede firme, los nombres de los sancionados deberán inscribirse en la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción, donde actualmente están registrados más de 25 mil servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales.
Desde cualquier dispositivo móvil, la ciudadanía puede consultar dicha plataforma para verificar si un funcionario cuenta o no con sanciones administrativas o resoluciones firmes emitidas por el Tribunal o por instancias penales.
Con ello, se busca fortalecer la transparencia y facilitar el acceso ciudadano a la información sobre el desempeño y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas en Baja California Sur.
Te puede interesar....
