Colectivos ciudadanos llaman a movilizarse este 18 de marzo en La Paz para exigir la protección del agua y rechazar cambios en el ordenamiento ecológico que abrirían la puerta a actividades extractivas en el territorio.
Integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida convocaron a una manifestación este miércoles 18 de marzo en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, en rechazo a la inclusión de la minería denominada “sustentable” dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
De acuerdo con la convocatoria difundida por el colectivo, la movilización está programada a las 12:00 horas y busca reunir a ciudadanos que, desde hace casi dos décadas, han participado en movimientos para frenar proyectos de minería a gran escala en Baja California Sur.
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El Frente Ciudadano señaló que la inclusión del concepto de “minería sustentable” dentro del POEL representa un riesgo para los recursos hídricos del municipio, ya que este instrumento es esencial para definir qué actividades pueden desarrollarse en el territorio.
En su posicionamiento, advierten que esta figura podría abrir la puerta a proyectos extractivos bajo una denominación distinta, lo que consideran una forma de reintroducir la minería en una región donde históricamente ha sido rechazada por amplios sectores de la sociedad.
Ciudadanos en La Paz convocan a manifestarse en Cabildo ante preocupaciones por la posible inclusión de la minería en el ordenamiento ecológico. Foto: Canva
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El colectivo también advirtió que este tipo de actividades genera grandes volúmenes de residuos que pueden contener sustancias como arsénico, metales pesados y otros elementos potencialmente contaminantes.
Según su postura, estos desechos representarían una amenaza directa para los acuíferos, así como para los ecosistemas terrestres y marinos que dependen de ellos, lo que podría tener efectos a largo plazo en la disponibilidad de agua y la salud ambiental de la región.
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Los organizadores de la protesta subrayan que en Baja California Sur existe un antecedente de aproximadamente 18 años de movilización social en contra de la minería tóxica, particularmente en zonas como la Sierra La Laguna, considerada un área clave para la recarga de acuíferos.
En ese sentido, consideran que la inclusión de este tipo de actividad en el POEL ignora los acuerdos y la presión social acumulada durante años, además de contradecir compromisos asumidos previamente por autoridades estatales.
