Marina del Pilar ha enfrentado varios señalamientos relacionados con EU, entre ellos sobre supuestos acuerdos con autoridades extranjeras
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se encuentra entre los políticos de México investigados en Estados Unidos, rechazó que exista un acuerdo con autoridades de aquel país.
Esto surgió luego de la difusión de un audio atribuido a su voz en una columna publicada en Semanario Zeta sobre procesos que la han involucrado desde mayo de 2025.
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Los desencuentros y revisiones del país vecino hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se han desarrollado a través de momentos clave en los últimos años:
Cancelación de visados (10 de mayo de 2025): la administración norteamericana suspendió la visa de turista de la gobernadora y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, mediante una decisión administrativa vinculada a revisiones abiertas.
Investigaciones por nexos delictivos: corporaciones federales en México y agencias estadounidenses abrieron expedientes contra Carlos Torres Torres y Alfonso Torres Torres por presunto narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. La mandataria confirmó que su expareja está bajo investigación y que se le vincula con el Cártel de Sinaloa.
Aparición en reportes internacionales (Inicios de 2026): el diario estadounidense The New York Times reveló que el nombre de la gobernadora figura en revisiones internas y cruces de datos de agencias norteamericanas que rastrean movimientos de dinero.
Filtración de audios (22 de junio de 2026): el periodista Héctor de Mauleón difundió en El Universal un audio donde se escucha a la mandataria dialogar con un intermediario y un traductor sobre supuestos cargos o sanciones que le podría imputar el país vecino.
En la grabación se menciona la contratación del abogado Michael Nadler, establecido fuera de la entidad, para manejar la situación jurídica en el Consulado de Tijuana.
Además de estos señalamientos, la gobernadora también fue mencionada en una acusación sobre un posible desvío de más de 500 millones de pesos, luego de que se difundiera información relacionada con la revisión de la cuenta pública.
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El material sonoro expone una conversación donde un presunto intermediario le ofrece a la mandataria coordinar citas discretas con defensores en oficinas consulares para mitigar posibles cargos o penalizaciones en su contra.
En la grabación, la voz atribuida a Ávila Olmeda enfatiza la necesidad de canalizar todo contacto a través de su abogado particular.
Al respecto, Marina del Pilar declaró ante los medios locales y el Semanario Zeta que es rotundamente falso que realice tratos ocultos con las agencias norteamericanas.
Detalló que la llamada ocurrió cuando un tercero se le acercó como intermediario y ella simplemente remitió cualquier asunto a la vía legal.
Aseguró que la reunión descrita nunca se llevó a cabo y que mantiene una relación de respeto y total transparencia con las autoridades fronterizas en su carácter de gobernadora.
Por su parte, el columnista De Mauleón cuestionó públicamente las declaraciones de la funcionaria, señalando una contradicción entre lo que dice en el audio y lo que afirma ante la prensa.
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Más allá de los problemas en la frontera norte, el panorama local también registra fricciones constantes y revisiones financieras:
El secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, aclaró que la cifra corresponde en su mayoría a municipios y entes autónomos, mientras que las observaciones directas a dependencias estatales son menores y se encuentran en proceso de solventación o devolución.
Polémica por narcocorridos: a principios de 2025, la funcionaria recibió duras críticas públicas tras asistir a un concierto donde cantó temas alusivos al narcotráfico, lo que desató debates sobre su postura ante la seguridad.
Conflicto con Jaime "N": la confrontación con el exgobernador Jaime "N" escaló debido a acusaciones de este último afirmando que la entidad está controlada por la delincuencia organizada.
La mandataria respondió que son declaraciones irresponsables y sin sustento que solo buscan desviar la atención del proceso penal por peculado y abuso de autoridad que enfrenta el exmandatario, quien además fue sancionado por ejercer violencia política de género en su contra.
