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¿Qué denunciaron ante Profepa sobre el acceso a Ensenada Blanca?
Jorge Pavel Castro Ríos presentó el 27 de octubre una denuncia popular ante la Profepa para solicitar que se revisen las restricciones al acceso público a la playa de Ensenada Blanca, en el municipio de Loreto, de acuerdo con un texto que él mismo publicó.
La denuncia se presentó dos días después de que acudió a la playa, el 25 de octubre, junto con otras dos personas, y documentó tres puntos que, según su relato, dificultan entrar y moverse por la playa.
El primer punto, de acuerdo con su testimonio, estaba en la entrada principal sobre la carretera, donde los guardias de seguridad le dijeron que ese acceso era solo para quienes iban al hotel.
Relató que les mencionó la Ley General de Bienes Nacionales, que obliga a garantizar el acceso a las playas, pero aun así no le permitieron pasar y le indicaron que buscara otro camino.
El segundo punto estaba al fondo del camino que atraviesa el poblado de Ensenada Blanca, donde un cerco, dos guardias de seguridad y un letrero con la leyenda “Propiedad privada”.
En ese lugar, según su relato, le dijeron que no podía seguir en vehículo, pero que podía dejarlo estacionado a un lado y continuar caminando por una entrada peatonal de menos de un metro de ancho.
El grupo siguió a pie con sillas, una sombrilla y una hielera. Después de caminar entre 100 y 150 metros, encontraron el tercer punto: un muro de piedras que impedía avanzar hacia el resto de la playa, cuyos puntos que describe la denuncia son los siguientes:
Entrada principal: acceso sobre la carretera reservado, según los guardias, a quienes van al hotel
Camino del poblado:cerco, guardias y letrero de propiedad privada; solo se permite el paso a pie
Muro de piedras: barrera sobre la arena que corta el paso hacia el resto de la ensenada
De acuerdo con el recorrido que hizo, la parte de la playa a la que se podía llegar con facilidad representaba cerca del 10 por ciento del litoral, mientras que el resto quedaba detrás de esas barreras.
Después del muro, el grupo caminó cerca de kilómetro y medio por el lado derecho de la ensenada, cargando sus pertenencias, hasta llegar a la zona frente a Danzante Bay, donde se instalaron a pasar el día.
Hasta el momento, la Profepano ha informado si admitió la denuncia ni si realizará una inspección en la zona. Tampoco se conoce una postura del hotel o del desarrollo señalados.
En su denuncia, Castro Ríos cita varios artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, que regula el uso de las playas y de la zona federal marítimo terrestre en México.
El artículo 8 de esa ley establece que todos los habitantes pueden usar los bienes de uso común, y señala que el acceso a las playas no puede ser restringido, salvo en los casos que marque el reglamento.
El texto de ese artículo dice: “El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.
Según el denunciante, la ley no solo se refiere a un letrero que prohíba el paso, sino también a cualquier medida que inhiba, restrinja, obstaculice o condicione el acceso a la playa.
El artículo 127 establece que, cuando no existan accesos desde la vía pública, los dueños de terrenos junto a la zona federal deben permitir el paso a la playa por los accesos que se acuerden con la Semarnat.
El artículo 154 contempla sanciones para propietarios de terrenos colindantes y titulares de concesiones o permisos que impidan, restrinjan u obstaculicen el acceso a las playas y a la zona federal.
También menciona el artículo 373 del Código Penal de Baja California Sur, que se refiere a conductas de cierre u obstaculización del acceso a las playas.
Foto: Jorge Pavel Castro Ríos
Si se trata de una infracción o un delito depende de los hechos que se comprueben y de la valoración de las autoridades. La denuncia pide precisamente esa revisión. Estos son los artículos que cita la denuncia:
Artículo 8, Ley General de Bienes Nacionales: el acceso a las playas no puede ser restringido, salvo en casos del reglamento
Artículo 127: los dueños de terrenos colindantes deben permitir el acceso a la playa
Artículo 154: prevé sanciones para quien impida u obstaculice el acceso
Artículo 373, Código Penal de BCS: se refiere al cierre u obstaculización del acceso a las playas
El denunciante también hace referencia al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la región Loreto-Nopoló-Notrí-Puerto Escondido-Ligüí-Ensenada Blanca, que establece criterios para las zonas de playa.
Según ese programa, se deben mantener accesos públicos a la playa como mínimo cada 500 metros, tomando en cuenta las características del terreno.
Con ese criterio, calcula que en el tramo que recorrió, de entre kilómetro y medio y dos kilómetros, deberían existir al menos tres accesos públicos.
¿Qué relación tiene Danzante Bay con el acceso a Ensenada Blanca?
Danzante Bay es un desarrollo turístico ubicado al otro lado de la ensenada, en una de las zonas costeras de Loreto, frente a la isla Danzante.
Una publicación de los colectivos BCS Cicletos y Loreto Soundlab señala que el desarrollo promociona una playa privada y una futura marina en la zona donde se proyecta construir un muelle, lugar que coincide con el único acceso que existe actualmente hacia esa parte de la ensenada.
La Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la autoridad ambiental describe la obra como un “muelle rústico”, de acuerdo con lo señalado por el denunciante.
La publicación de los colectivos incluye imágenes promocionales del desarrollo, donde aparecen señaladas la ubicación de una marina y de un club de playa privado, además de que plantea en su texto la pregunta de qué pasará con el acceso público a la playa si el proyecto se lleva a cabo.
Además de su recorrido, el denunciante recogió testimonios de habitantes de Loreto, quienes le dijeron que también tienen dificultades para disfrutar de Ensenada Blanca.
Foto: Jorge Pavel Castro Ríos
De acuerdo con esos testimonios, en ocasiones se les permite entrar caminando, pero no quedarse a acampar, y terminan siendo retirados por los guardias de seguridad.
En su texto, el denunciante reconoce que los desarrollos suelen argumentar razones de limpieza, seguridad o cuidado del ecosistema y señala que la revisión debe considerar tanto la conservación como el acceso público.
Hasta el momento, Danzante Bay no ha dado a conocer una postura pública sobre los señalamientos de los colectivos ni sobre la denuncia presentada ante la Profepa.