Los manifestantes mantienen un plantón frente al Palacio Municipal de San Quintín para exigir la renuncia de la alcaldesa Miriam Cano.
Miriam Cano Núñez, alcaldesa de San Quintín, Baja California, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que su hijo fue detenido en medio de una protesta frente al Palacio Municipal, en un clima marcado por hechos violentos que han generado preocupación en el estado.
La tensión subió cuando, según los manifestantes, un hombre llegó al campamento y comenzó una discusión que terminó en un pleito, con golpes y empujones frente a varias personas.
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De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la noche del domingo 1 de febrero, en el punto de bloqueo instalado frente a las oficinas de Recaudación Municipal.
El detenido fue Erick Massid Cano, hijo de la alcaldesa Miriam Cano Núñez, fue arrestado por policías municipales tras ser señalado de presuntamente agredir a por lo menos cuatro manifestantes durante el bloqueo frente a las oficinas municipales.
Los manifestantes aseguran que llegó al lugar y comenzó a discutir con las personas que mantenían el plantón. En ese momento se habría dado un enfrentamiento físico, por lo que fue contenido y llevado a una patrulla.
En videos y testimonios difundidos en el sitio, se escucha al joven gritar: “Mañana vengo más bravo”, mientras era sometido por personas presentes y agentes de seguridad.
Los activistas indicaron que hubo lesionados, entre ellos la activista Flor Giselle Gómez Sánchez, quien también forma parte del movimiento.
Luego de la pelea, agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana lo trasladaron a las instalaciones municipales, donde quedó en barandilla.
También acudieron paramédicos de Cruz Roja para revisar a las personas involucradas. Sin embargo, se informó que la corporación municipal no contaba con equipo para una prueba de alcoholemia.
El detenido fue llevado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde sería revisado por el médico legista y se esperaría el resultado de un examen toxicológico.
De manera preliminar, el caso habría sido turnado por el presunto delito de lesiones y la FGE abrió una carpeta de investigación.
Después de lo ocurrido, la funcionaria difundió un mensaje en el que aseguró que no se meterá en el proceso y que dejará que las autoridades sigan el caso.
“La ley se aplica sin distinciones ni privilegios, sea quien sea”, afirmó. También reconoció que como madre la situación le pega, pero dijo que su prioridad es mantener el orden en el municipio.
Mientras tanto, el plantón y el bloqueo continúa frente a las oficinas municipales exigiendo que renuncie la alcaldesa y otros servidores públicos.
Además, recientemente se ha dado a conocer que el Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha sido señalado por presuntas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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Las manifestaciones estallaron por el hartazgo de un grupo de ciudadanos que acusa al gobierno municipal de mal manejo de recursos, falta de transparencia y abandono en servicios básicos.
De acuerdo con voceras del movimiento, como Isela García Antuna y Giselle Gómez Sánchez, la inconformidad no se centró en una sola queja, sino en una lista de reclamos que fue creciendo con los días y terminó en toma de oficinas y bloqueos carreteros.
Entre las principales razones de la protesta señalan:
Presuntas irregularidades y corrupción, además de falta de claridad sobre el uso del dinero público
Falta de servicios esenciales, como “no hay luz, no hay agua ni seguridad”, según denunciaron
Problemas en la administración municipal, como despidos masivos y cambios internos
Adeudos y retrasos en pagos a trabajadores, finiquitos y liquidaciones
Incremento de impuestos y cobros, que dicen golpean a las familias y comercios
Falta de obras, proyectos y mejoras visibles para la comunidad
Además de pedir la renuncia de la alcaldesa, los manifestantes también exigieron la salida del síndico procurador Juan Pablo Guerrero Gamboa y de 11 funcionarios más, entre ellos directores, coordinadores y personal cercano a Presidencia.
La inconformidad subió de nivel cuando comenzaron los bloqueos en la Carretera Transpeninsular, al señalar que no recibieron respuestas por parte del ayuntamiento.
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Por eso, también pidieron que se haga una auditoría financiera externa para revisar el manejo de las cuentas municipales.
En medio de este ambiente político tenso en Baja California, también ha llamado la atención que en días recientes se mencionó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda entre políticos mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por presuntas actividades ilegales.
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