En BCS el personal de los órganos jurisdiccionales en La Paz manifestó su rechazo al nuevo esquema establecido en el Acuerdo General 25/2026.
La posibilidad de que una evaluación de desempeño tenga consecuencias sobre la permanencia en sus puestos de trabajo llevó a empleados del Poder Judicial de la Federación en Baja California Sur a suspender labores este viernes 6 de noviembre y emitir un pronunciamiento público para explicar sus inconformidades.
El personal de los órganos jurisdiccionales de La Paz señaló que su protesta está relacionada con el nuevo esquema de evaluación establecido mediante el Acuerdo General 25/2026, pues considera que algunos de sus criterios y mecanismos podrían afectar la estabilidad laboral y la continuidad dentro de la carrera judicial.
En su posicionamiento, los trabajadores reconocieron que la suspensión de actividades puede generar molestias entre las personas que acuden a los juzgados y tribunales para dar seguimiento a sus asuntos legales, por lo que ofrecieron una disculpa a la ciudadanía.
Sin embargo, argumentaron que decidieron manifestarse ante la preocupación por las posibles consecuencias laborales de este nuevo procedimiento.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que el personal no está en contra de que se evalúen sus conocimientos y desempeño, sino de que los resultados puedan utilizarse como una herramienta para terminar su relación laboral.
“No estamos en contra de las evaluaciones, pero que no sean motivo de despido”, expresaron.
Los trabajadores señalaron que están de acuerdo con la revisión de sus capacidades profesionales, siempre que los procedimientos tengan reglas claras, criterios justos y mecanismos que permitan conocer cómo se determinarán los resultados.
Su inconformidad se concentra en que una evaluación pueda convertirse en un factor para perder el empleo o afectar la permanencia dentro de la carrera judicial.
Otra de las preocupaciones expuestas por los trabajadores tiene que ver con la manera en que se aplicarán las evaluaciones y los parámetros que se utilizarán para calificar el desempeño.
En el documento solicitaron que las valoraciones se realicen con criterios técnicos, verificables y transparentes, sin depender de apreciaciones personales o factores subjetivos.
También plantearon que el trabajo jurisdiccional no puede medirse exclusivamente mediante indicadores numéricos, debido a que los asuntos que atienden los órganos judiciales tienen distintos niveles de complejidad y requieren tiempos de resolución diferentes.
Por ello, consideraron que el esquema debe tomar en cuenta las condiciones particulares de cada órgano jurisdiccional, entre ellas la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos humanos.
También plantearon que el trabajo jurisdiccional no puede medirse exclusivamente mediante indicadores numéricos. Foto:Rocío Casas
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El personal también manifestó inquietud por los mecanismos de revisión contemplados en el Acuerdo General 25/2026, al considerar que podrían limitar las posibilidades de impugnar determinaciones o corregir posibles errores en los procedimientos de evaluación.
Ante esta situación, solicitaron que existan mayores garantías de transparencia y certeza, tanto en la aplicación de los criterios como en las consecuencias que puedan derivarse de los resultados.
Los trabajadores insistieron en que su inconformidad no busca impedir la evaluación del desempeño, sino evitar que un procedimiento de este tipo comprometa sus derechos laborales, la estabilidad en el empleo y la permanencia en la carrera judicial.
En su mensaje a la ciudadanía, reconocieron la importancia de los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales y el impacto que puede tener una interrupción de actividades para quienes buscan justicia, pero sostuvieron que consideraron necesario hacer pública su postura ante los cambios establecidos.
