La Fiscalía Anticorrupción de BCS lo señaló por desviar más de un millón de pesos mediante transferencias bancarias durante casi dos años.
Un exfuncionario de la Secretaría de Salud en Baja California Sur enfrenta un proceso legal tras ser señalado por el desvío de recursos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción del estado confirmó que el antiguo jefe de tesorería presuntamente utilizó mecanismos digitales para transferir más de un millón de pesos a cuentas personales y de terceros.
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La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur informó que Rogelio “N”, quien se desempeñaba como titular de la Jefatura del Departamento de Tesorería de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
Según las indagatorias, el exfuncionario aprovechó su posición y acceso a herramientas bancarias para realizar movimientos financieros irregulares.
El método utilizado para este desvío consistió en el uso de un token bancario que el acusado tenía bajo su administración.
Este dispositivo, que usualmente sirve para autorizar transacciones oficiales de la institución de salud, fue empleado para simular traspasos hacia cuentas propias de la dependencia.
Sin embargo, el dinero nunca llegó a los fondos institucionales destinados a la salud, sino que terminó en una cuenta bancaria personal del imputado, así como en las de diversos particulares y empresas.
Esta maniobra permitió que el exservidor público moviera un total de 1,095,362.03 pesos de manera ilícita.
La Fiscalía explicó que las pruebas recopiladas durante las investigaciones fueron suficientes para que una Juez de Control, con sede en La Paz, dictara el auto de vinculación a proceso, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron los hechos.
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El trabajo de inteligencia financiera de las autoridades detectó una serie de operaciones bancarias sospechosas que dieron forma al caso.
El análisis del sistema financiero mexicano permitió rastrear 30 movimientos bancarios específicos que fueron realizados durante un periodo prolongado.
El lapso comprendido en la investigación abarca desde el 8 de diciembre de 2022 hasta el 8 de noviembre de 2024. Durante estos casi dos años, el entonces encargado de la tesorería realizó transferencias constantes. La importancia de este registro es que permite ver la forma en que se movieron los recursos:
Se detectaron un total de 30 transferencias irregulares.
El origen de los fondos era la cuenta perteneciente a la Secretaría de Salud y al Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.
Los destinos finales del dinero no eran institucionales, sino cuentas particulares y de empresas ajenas a la dependencia.
La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que este caso no se cierra con la vinculación de Rogelio “N”. Las autoridades continúan revisando la información para identificar a otras personas que, de manera ilícita, recibieron el recurso público.
La promesa de la instancia investigadora es que cualquier persona involucrada en esta red de desvío será llevada ante la justicia.
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Tras la audiencia celebrada este miércoles en La Paz, la Juez de Control impuso medidas cautelares para asegurar que el proceso legal siga su curso sin interrupciones.
Rogelio “N” no puede salir del estado de Baja California Sur sin previa autorización de la autoridad judicial. Además, se le ha prohibido estrictamente acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, sitios donde anteriormente trabajaba.
Es importante subrayar que, aunque la persona ha sido vinculada a proceso, esto no significa una sentencia definitiva. El acusado se presume inocente hasta que un juez dicte una sentencia en su contra al finalizar las etapas del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción reitera su interés en que este tipo de delitos no queden impunes. Para fortalecer su labor, han habilitado una plataforma digital (<link-block>https://denuncias.seabcs.gob.mx/</link-block>) donde la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas sobre casos de corrupción.
Con este tipo de acciones, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la vigilancia en el uso de los fondos destinados a los servicios de salud pública en la entidad.
