La falta de un comité de transición deja en el limbo la transparencia y mantiene en la incertidumbre laboral a los trabajadores.
El 7 de julio de 2025 se reformó la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y, posteriormente, se emitió una nueva Ley de Transparencia que ordena la extinción del Instituto de Transparencia como órgano autónomo, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2025.
A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo ente en materia de transparencia, ahora como órgano desconcentrado y supeditado a la Contraloría General del Estado. Sin embargo, la ausencia de una transición ordenada ha generado un vacío institucional que deja sin responsable claro al derecho de acceso a la información.
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De acuerdo con Rebeca Buenrostro, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, los artículos transitorios de la nueva ley obligaban a conformar un Comité de Transición para realizar la entrega-recepción, lo cual no ocurrió por una omisión de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
“En los artículos transitorios se establece que debía constituirse un comité de transición, precisamente para atender el tema de la entrega-recepción; sin embargo, desafortunadamente, por parte de la Consejería Jurídica no se emitió el decreto mediante el cual se conformaría dicho comité.”
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Como consecuencia, ninguna autoridad ha querido ni ha podido recibir formalmente la responsabilidad del Instituto.
“Hasta el 31 de diciembre, a las 23:59 horas, sigue vigente mi representación legal del Instituto; pero a partir de las 12 de la noche ya no existe representación legal de mi parte, ni de los comisionados ni del personal. No tenemos a quién entregarle la responsabilidad, ya que nadie quiere asumirla, hasta en tanto no se emita el decreto correspondiente.”
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Nicté Flores, laboró 2 años en ITAI. Foto Rocío Casas
La comisionada presidenta , que tomó nombramiento en 2019, advirtió que la falta de una entrega-recepción formal deja en indefinición los expedientes, solicitudes de información y procedimientos en curso.
“La gravedad de esta situación es que todos los expedientes relacionados con las solicitudes de información van a quedar en un limbo, hasta en tanto las autoridades correspondientes asuman la responsabilidad que les compete”.
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El escenario exhibe una contradicción institucional, el organismo se extingue por mandato legal, pero la transparencia que la nueva administración juró defender queda sin garante.
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El impacto humano es uno de los puntos más delicados. Un total de 14 trabajadores del Instituto permanecen en incertidumbre ante la falta de definición sobre su futuro laboral.
Nicté Flores, quien laboró en el Instituto formalmente durante dos años, expresó su preocupación por la situación, que deja en total incertidumbre a los empleados.
Durante varios meses se estuvieron preparando para la entrega-recepción; sin embargo, al no ser recibido el Instituto, no pueden renunciar, ya que entregar los expedientes es un requisito, lo que también les impide recibir su indemnización.
“Por alguna circunstancia o alguna razón, no se pudo llevar a cabo, y estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros trabajos, porque no podemos renunciar”, dijo.
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Flores agregó que tampoco saben si podrán ser contratados en el nuevo sistema.
“No sabríamos si tenemos nuevo trabajo en el ente, porque no nos lo han informado.”
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finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que respeten los derechos laborales de los trabajadores y reconozcan la responsabilidad que tienen con sus familias.
“Me gustaría hacer un llamado, de parte mía y de mis compañeros, a las autoridades para que nos apoyen, ya que todos tenemos necesidades y familias. El hecho de que este Instituto vaya a cerrar nos desestabiliza en muchos sentidos, no solo económico, sino también emocional y laboral”, concluyó.
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El ITAI realizaba actividades para cultivar la transparencia en los niños, niñas y adolescentes. Foto: ITAI - Facebook
El llamado general es que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde y no dejen en el abandono a la transparencia ni a quienes la sostuvieron. Hoy, el Instituto se extingue por decreto, pero sin transición, sin receptor y sin certeza.
Recientemente el Congreso de Baja California Sur dio luz verde a una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, justo después de que saliera a la luz que hay más de 4,600 millones de pesos sin aclarar por parte del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
