Habitantes de la zona denunciaron que policías municipales de Los Cabos les advirtieron que podrían ser desalojados de sus viviendas.
En la zona conocida como Santa Rosa del Este, en Los Cabos, Baja California Sur, surgió una nueva denuncia que se suma a otros conflictos recientes en el municipio, como el caso de las construcciones señaladas como irregulares en Cabo Pulmo.
Familias que viven en ese lugar afirmaron que policías municipales les advirtieron que podrían sacarlos de sus viviendas, ubicadas en San José del Cabo. Según su versión, los agentes les dijeron que debían abandonar el área o enfrentar un posible desalojo.
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Elementos de la policía municipal acudieron a la colonia para avisar de forma verbal que el desalojo ocurriría hoy. Los vecinos señalaron que los agentes no presentaron documentos legales ni órdenes emitidas por un juez para realizar esta acción en el terreno, que es de propiedad federal.
Los afectados explicaron que llegaron a vivir a ese lugar tras ser engañados por personas que les vendieron los lotes de forma irregular. Para probar que actuaron de buena fe, los habitantes conservan los siguientes documentos:
Recibos de pagos realizados a supuestos vendedores.
Comprobantes de aportaciones económicas por los terrenos.
Documentación que acredita su estancia en la zona.
El conflicto en
Durante esa protesta, una representante de las familias afirmó que servidores públicos municipales entraron a la zona con maquinaria y elementos de seguridad, sin mostrar una orden judicial.
Según los testimonios presentados ese día, los funcionarios señalados por la comunidad fueron:
José Manuel Guerrero
Rosa Esther Natali Cruz Ocampo
Jorge Sánchez Sandoval
Humberto Bernal Becerras
El conflicto no es nuevo. El 7 de julio de 2025, personal del Ayuntamiento de Los Cabos entró a la zona con maquinaria pesada y elementos de seguridad, y varias viviendas fueron derribadas.
En ese momento, los vecinos denunciaron que la acción se realizó sin orden judicial y sin seguir protocolos en materia de derechos humanos. También señalaron que algunos funcionarios municipales estuvieron presentes y, según su versión, autorizaron el uso de la fuerza.
Después de ese hecho, los habitantes se manifestaron frente al Palacio Municipal de Los Cabos para pedir que se investigara lo ocurrido.
Ahora, en marzo, los vecinos dicen que las advertencias de un posible desalojo volvieron, lo que reactivó la preocupación entre las familias que viven en el lugar.
Esta situación ocurre a un mes de que extrabajadores del Hotel Los Arcos denunciaran públicamente la falta de pago de más de 17 años de trabajo, otro conflicto que también generó protestas en el municipio.
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La organización de vecinos afirma que no busca una confrontación, sino una salida legal a su problema de vivienda. Sus peticiones principales se dividen en tres puntos:
Freno al operativo: Detener cualquier intento de sacarlos de sus casas si no existe un mandato de un juez.
Mesa de trabajo: Negociar con el Gobierno Federal y Estatal una vía para pagar por los terrenos y regularizarlos.
Investigación: Aclarar quiénes fueron los responsables de los daños ocurridos en el operativo de julio de 2025.
Durante esa protesta, una representante de las familias afirmó que servidores públicos municipales entraron a la zona con maquinaria y elementos de seguridad, sin mostrar una orden judicial.
Según los testimonios presentados ese día, los funcionarios señalados por la comunidad fueron:
José Manuel Guerrero
Rosa Esther Natali Cruz Ocampo
Jorge Sánchez Sandoval
Humberto Bernal Becerras
Los manifestantes sostuvieron que el operativo se realizó con uso de fuerza pública. Este conflicto pone en riesgo la integridad de familias de escasos recursos que no tienen otro lugar donde vivir.
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Según la ley mexicana, ninguna persona puede ser privada de sus posesiones sin un juicio previo, si la autoridad actúa sin orden judicial, rompe el proceso legal y vulnera los derechos básicos de los ciudadanos.
Hasta el momento, no se sabe si el Ayuntamiento de Los Cabos enviará maquinaria o si la Federación intervendrá para mediar en el conflicto. La comunidad permanece en guardia a la espera de una respuesta oficial que evite el uso de la fuerza pública.
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