La dentista asesinada en Tijuana había denunciado amenazas, pero no se activaron medidas para protegerla antes del crimen.
A casi cinco años del feminicidio de María Fernanda Hernández Viera en Tijuana, Baja California, autoridades de derechos humanos determinaron que la Fiscalía de Baja California deberá indemnizar a su familia. El caso se suma a otros que siguen sin resolverse en el municipio, como el de Destiny Cervantes.
La víctima pidió ayuda a las autoridades por amenazas y situaciones de violencia antes del crimen, y denunció a su expareja en al menos dos ocasiones.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California fue señalada por fallas en la atención del caso de María Fernanda Hernández Viera, una dentista asesinada el 11 de agosto de 2021 en Tijuana.
Esto ocurrió luego de que se acreditara que no se actuó a tiempo para protegerla, a pesar de que ya había denunciado amenazas y violencia por parte de su expareja.
De acuerdo con la información del caso, la víctima acudió en al menos dos ocasiones ante el Ministerio Público para reportar la situación de riesgo en la que se encontraba.
Sin embargo, no se activaron medidas de protección ni se dio un seguimiento adecuado a sus denuncias, lo que dejó sin atención un riesgo que ya había sido advertido.
En las indagatorias también se detectaron irregularidades en la actuación de al menos cinco agentes del Ministerio Público, quienes no aplicaron las acciones necesarias para prevenir el ataque, pese a contar con información previa sobre las amenazas.
Estas omisiones fueron clave, ya que la falta de intervención permitió que el riesgo escalara hasta el feminicidio, ocurrido dentro del consultorio de la víctima. Además, el principal sospechoso, identificado como su expareja, continúa sin ser detenido.
También evidenció fallas tanto en la etapa de prevención como en el manejo posterior de la investigación, lo que llevó a que se determinara la responsabilidad de la institución por no cumplir con su deber de proteger a una persona que ya había solicitado ayuda.
Este caso recuerda a otro ocurrido en Mexicali, donde una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida, con lesiones en la cabeza, en un lote baldío.
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Foto: FGE BC
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), encabezada por Jorge Álvaro Ochoa Orduño, emitió la recomendación 2/2026 tras analizar el caso de María Fernanda Hernández Viera, en la que concluyó que hubo violaciones a sus derechos fundamentales antes de su asesinato.
El organismo determinó que la víctima fue expuesta a un contexto de riesgo que no fue atendido de manera adecuada, lo que derivó en la violación de su derecho a la vida, a la seguridad jurídica y a vivir libre de violencia. En el documento se establece que estas fallas constituyen violencia institucional.
La recomendación señala que cinco agentes del Ministerio Público, que estaban bajo la estructura de la Fiscalía durante la gestión del entonces fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, incurrieron en omisiones al no actuar con la diligencia necesaria frente a las denuncias presentadas por la víctima.
Además, el organismo documentó que no se aplicaron de manera oportuna mecanismos de protección ni se dio el seguimiento adecuado a los reportes de amenazas, lo que dejó sin atención una situación de riesgo que ya estaba identificada.
El documento fue notificado oficialmente el 8 de abril de 2026 y plantea que el caso no solo debe ser atendido en términos de investigación, sino también con acciones de reparación integral del daño para la familia de la víctima, incluyendo compensación económica y atención psicológica.
También señala que estas omisiones reflejan fallas en la atención a mujeres que denuncian violencia, por lo que se plantea la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos institucionales para evitar que situaciones similares se repitan.
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Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California
De acuerdo con la información del caso, la agresión fue atribuida a su expareja Ervey Alain "N", identificado como el principal sospechoso, quien presuntamente llegó al lugar y la atacó directamente, la víctima perdió la vida en el sitio como consecuencia de la agresión.
El ataque ocurrió pese a que días y semanas antes la dentista ya había denunciado amenazas y situaciones de violencia por parte de esta persona, lo que evidenció que el riesgo ya existía antes del crimen.
Las autoridades es establecer una línea sólida que permita presentar al responsable ante un juez, algo que no se logró en su momento debido a las omisiones que hoy obligan al Estado a pedir disculpas e indemnizar a los sobrevivientes de María Fernanda.
Además, otro caso reciente es el de Selina “N”, quien también denunció a su expareja por violencia y amenazas. Actualmente se encuentra detenida por llevarse a su hijo de la casa de su expareja, en un hecho que terminó con la muerte de una persona.
