El tema permanece abierto en el Congreso del Estado, mientras avanza el análisis de una nueva iniciativa.
A un año del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la legislación sobre autismo en Baja California Sur continúa en proceso de revisión sin que exista una nueva ley vigente.
El tema permanece abierto en el Congreso del Estado, mientras avanza el análisis de una nueva iniciativa construida a partir de consultas con la comunidad.
El 13 de marzo de 2025, la SCJN declaró inconstitucional la Ley de Atención a Personas con Autismo en Baja California Sur. La resolución, según se explicó, se basó en la falta de una consulta previa, estrecha y específica dirigida a personas con discapacidad, requisito obligatorio en este tipo de legislaciones.
Un día después, el 14 de marzo de 2025, el Congreso del Estado recibió la notificación oficial del fallo. En ella, la Corte ordenó dos acciones concretas: realizar una consulta dirigida a la comunidad autista y emitir una nueva legislación en un plazo de 12 meses.
Madres y padres de familia participaron en el proceso y se manifestaron durante la presentación de la nueva propuesta en marzo de 2026. Foto: Canva.
La decisión dejó sin efectos la ley aprobada en 2024 y obligó a iniciar un nuevo proceso legislativo, bajo criterios de participación directa de las personas involucradas.
Por lo que se dio anuncio de nuevas fechas para la consulta de la Ley de Personas Autistas en la entidad.
Te puede interesar....
Entre finales de 2025 e inicios de 2026, se elaboró una nueva propuesta legislativa con base en los resultados de la consulta.
Posteriormente, el martes 3 de marzo de 2026, se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada "Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista en Baja California Sur".
El documento fue leído en el pleno y turnado a comisiones para su análisis y dictamen, donde continúa su revisión. Durante este proceso, madres y padres de familia de niños con autismo realizaron manifestaciones para exigir atención y seguimiento al tema.
El proceso legislativo sigue en curso y dentro del plazo establecido por la autoridad judicial, mientras se define el contenido final de la normativa.
Durante 2025, el Congreso de Baja California Sur llevó a cabo el proceso de consulta pública ordenado por la SCJN. Este incluyó una etapa informativa, mesas de diálogo y una fase deliberativa.
En estas actividades, participaron personas autistas, madres y padres de familia, especialistas y organizaciones civiles en distintos municipios del estado. El objetivo fue recopilar propuestas, necesidades y observaciones para integrarlas en una nueva iniciativa de ley.
El proceso se desarrolló como parte del cumplimiento del mandato judicial, en un contexto donde colectivos y familias mantuvieron seguimiento cercano a los avances.
Te puede interesar....
Padres y madres de familia en Baja California Sur manifestaron sus inconformidades respecto a la nueva iniciativa de Ley del Autismo, pese a que reconocen avances en temas como diagnóstico, atención médica y educación inclusiva.
Su principal preocupación radica en que el contenido final aún no refleja con precisión las necesidades que expusieron durante el proceso de consulta.
Entre los señalamientos, destacan que el último borrador podría dejar fuera propuestas planteadas por familias y colectivos. Una de ellas es la creación de centros municipales de atención al autismo, con el fin de evitar traslados constantes hacia La Paz desde otros municipios.
Te puede interesar....
También cuestionan la posible ausencia de maestros de apoyo, conocidos como “sombras”, para acompañar a estudiantes con autismo dentro de las aulas.
Otra de las preocupaciones es la falta de certeza sobre un presupuesto anual específico que garantice la implementación de la ley, lo que consideran fundamental para que las medidas no queden solo en el papel.
Además, algunos colectivos expresaron dudas sobre el proceso de consulta, al señalar que pudo resultar simulado o insuficiente en ciertas etapas. Ante esto, exigen que el Congreso del Estado asegure que la versión final de la ley incorpore de manera clara y directa las demandas planteadas por la comunidad durante el proceso participativo.
