Padres de BCS expresan inconformidad por lagunas legales, costos y apoyo educativo en la Ley del Autismo.
La reciente reforma a Ley del Autismo en Baja California Sur busca reconocer derechos y garantizar apoyos para personas con esta condición, pero ha generado preocupación entre madres y padres de familia.
Según Marcela Arevillaga, madre de un niño con autismo, la ley aún presenta vacíos que dificultan la protección real de los menores y el respaldo a sus familias. A continuación, te explicamos cuáles son los tres aspectos que más inconformidad generan.
Aunque las manifestantes mencionan que la reforma reconoce derechos y se apega a la Constitución y tratados internacionales, mencionan que, al menos, faltaron tres de los siguientes puntos en la reforma de Ley.
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Marcela Arevillaga, crítica de la Ley de Autismo en BCS. Foto: Cortesía.
A pesar de que, recientemente, se inauguró la clínica de atención al espectro autista en La Paz, la madre de familia informó que el tratamiento para niños con autismo en Baja California Sur resulta muy costoso ya que la atención requiere un enfoque multidisciplinario: neuropediatra, psiquiatra, perfil sensorial, terapia de lenguaje, terapia conductual, entre otros.
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Marcela detalló que algunos de los costos consisten en:
“Mi hijo apenas está empezando a decir palabras a los 7 años y necesita terapia de lenguaje tres veces por semana. Solo con la maestra monitora son 10,000 pesos al mes; sumando terapias y consultas, ya son 11,000 pesos al mes”, explicó.
Además la escasez de especialistas en el Estado (aproximadamente 4 ó 5 neuropediatras), también hace que los costos sean más altos y dificulta el acceso a tratamientos necesarios.
La Ley de Autismo ha generado dudas, inquietudes y preocupación. Foto: Rocío Casas.
Marcela Arevillaga destacó que uno de los puntos críticos de la ley es la falta de claridad sobre las maestras monitoras, quienes son esenciales para atender a niños con autismo en las aulas.
“Si para un padre es difícil, imagínate para un docente solo frente a un aula con 19 ó 20 alumnos, donde tal vez hay 2 ó 3 niños con discapacidad o autismo. Si no tiene capacitación para intervenir en una crisis o no conoce sobre autismo, la situación se vuelve muy complicada”, explicó.
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La ley no establece bases claras para asignar estos apoyos, dejando a los docentes sin herramientas suficientes para garantizar la atención adecuada.
La participación de la sociedad civil también es limitada, ya que en la comisión intersecretarial solo habrá cinco espacios para asociaciones civiles, uno por municipio, lo que no asegura representación de todas las familias, ni de las personas con autismo.
Marcela enfatizó que para que la ley cumpla su propósito, es fundamental garantizar que las maestras monitoras estén disponibles y capacitadas, asegurando que los niños reciban la atención que necesitan en el aula.
Cabe destacar que para la reforma de esta ley se realizaron consultas en cada uno de los municipios, sin embargo, aseguran, que ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta .
