El colectivo de San José del Cabo cuestionó comentarios que responsabilizan a víctimas de su desaparición o sugieren que "se lo merecían".
Las madres buscadoras de San José del Cabo, junto con otros colectivos de Baja California Sur, no solo han denunciado que más de mil personas siguen desaparecidas, también han alzado la voz contra los comentarios, los estigmas y la revictimización hacia las personas desaparecidas.
El colectivo cuestionó que se responsabilice a las víctimas por su propia desaparición. Además, hablaron de las críticas que enfrentan las mujeres que salen a buscar a sus familiares.
Búsquedas San José del Cabo compartió en sus redes sociales un video con una mujer identificada como Hipólita Escobedo, quien habría enviado un mensaje al grupo después de que este publicara una ficha de búsqueda.
La ficha correspondía a Christian Gerardo Ramírez García, quien fue como reportado como desaparecido el 16 de septiembre de 2024 en San José del Cabo, Baja California Sur.
A partir de esa conversación, la organización cuestionó los comentarios que, según señaló, responsabilizan a las personas desaparecidas por la violencia que pudieron haber sufrido.
En el texto que acompañó el video, criticaron la idea de que el crimen organizado sea visto como una especie de figura que "desaparece" personas, y que quienes terminan en fosas clandestinas o son víctimas de desaparición tenían alguna responsabilidad en lo ocurrido.
Uno de los señalamientos fue justo contra la idea de que las personas desaparecidas "se lo merecían". Consideraron que este tipo de comentarios terminan justificando la violencia contra las víctimas, y cuestionaron que todavía existan posturas así hacia las personas desaparecidas y sus familias.
Las madres buscadoras siguen usando sus redes sociales para compartir fichas y pedir datos que ayuden a encontrar a personas desaparecidas. El reclamo sobre la revictimización forma parte de una serie de mensajes en los que también han hablado sobre cómo son vistas las mujeres que participan directamente en las búsquedas.
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En otros videos publicados en redes sociales, cuestionaron la idea de que una madre buscadora debería limitarse a llorar, tener miedo o quedarse en casa después de la desaparición de un familiar.
Una de las integrantes señaló que existe una expectativa social sobre cómo debería comportarse una mujer que busca a una persona desaparecida. Según explicó, algunas personas piensan que una madre deja de sufrir cuando se organiza, participa en búsquedas, exige respuestas o habla públicamente sobre lo que le pasó a su familiar.
Ella rechazó esa idea y afirmó que buscar no significa dejar de sufrir, ya que salir a campo, difundir fichas, organizarse con otras familias y exigir avances también son formas de enfrentar la desaparición de un ser querido.
Las madres buscadoras han usado sus redes sociales para mostrar parte de estas actividades y explicar las condiciones en las que realizan las jornadas han denunciado que necesitan recursos para poder seguir adelante.
En una de sus publicaciones, informaron que estaban haciendo un boteo en los semáforos para pedir aportaciones económicas a la población y que desde Los Cabos no han recibido apoyo suficiente para cubrir necesidades básicas, en específico por la falta de agua.
Señalaron que las propias familias tienen que cubrir parte de esos costos, o incluso prefieren pedir una moneda a la gente antes que depender de gestiones para conseguir recursos.
Esta falta de apoyo también se relaciona con las condiciones de seguridad en las que trabajan, ya que las búsquedas implican traslados, recorridos en el campo y gastos que terminan pagando las propias integrantes y sus familias.
A pesar de todo esto, las familias siguen adelante. Es el caso de las mamás de Gaviota Ponce y Jesús Josué Favela, dos jóvenes desaparecidos en Los Cabos, quienes continúan compartiendo contenido y difundiendo información para dar con su paradero.
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Búsquedas San José del Cabo también ha cuestionado las condiciones en las que se realizan las labores relacionadas con la localización y recuperación de personas desaparecidas. Uno de los casos que el colectivo señaló ocurrió en abril de 2026, durante el hallazgo de una fosa clandestina en el arroyo Santa Anita.
El 15 de abril después de recibir una denuncia anónima, integrantes del colectivo acudieron a la zona y localizaron un punto positivo con una osamenta humana. El hallazgo movilizó a personal de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
Sin embargo, durante los trabajos, una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) quedó atascada en la arena del arroyo, lo que retrasó las labores, ante esta situación, el grupo expresó su inconformidad y cuestionó la manera en que se estaba realizando el traslado de los restos.
“Como colectivo de familiares en búsqueda manifestamos un total repudio a estos actos inhumanos de las autoridades de la fiscalía de desaparecidos y servicios periciales”, señaló la organización en una publicación. Asimismo, agregó que consideraba que lo ocurrido representaba una falta de respeto y una afectación a la dignidad de la persona localizada.
Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ofreció una disculpa pública a los colectivos y familiares por el inconveniente relacionado con la unidad del Semefo y señaló que el procesamiento del sitio se realizó conforme a los protocolos correspondientes.
Este episodio forma parte de los señalamientos que han realizado sobre las condiciones que enfrentan durante las búsquedas y el trato que reciben las personas localizadas.
También han cuestionado las medidas relacionadas con las protestas de las familias de los desaparecidos. En uno de los videos publicados por el colectivo, una integrante se dirigió al diputado del Partido del Trabajo (PT) Omar Torres y cuestionó sus propuestas relacionadas con las personas que realizan bloqueos.
La integrante sostuvo que quienes participan en estas movilizaciones tienen necesidades relacionadas con la seguridad y que las protestas no deben ser vistas únicamente como una molestia para otras personas. Su planteamiento fue que, antes de promover medidas para sancionar estas acciones, se atiendan sus demandas.
A estos reclamos se suma un episodio ocurrido en agosto, cuando el colectivo informó que comenzó a recibir amenazas después de compartir un reporte sobre la presunta privación de la libertad de un hombre en San José del Cabo.
El reporte publicado por la organización señalaba que el hecho habría ocurrido en la colonia Esperanza y mencionaba la posible participación de un vehículo que el colectivo describió como oficial.
Sin embargo, la imagen difundida no permitía confirmar por sí misma que la unidad fuera oficial ni que estuviera relacionada con la desaparición denunciada. Después de publicar la información, el colectivo informó que había comenzado a recibir amenazas y aclaró que su trabajo no busca enfrentamientos.
La organización sostuvo que su objetivo es localizar a personas desaparecidas y acompañar a sus familias por lo que pidió que su labor no fuera interpretada como una confrontación. Esta información corresponde a lo que el propio colectivo ha publicado y declarado.
