La marcha de la Patrulla Espiritual en Tijuana reunió a simpatizantes y generó posiciones encontradas entre distintos grupos.
La marcha de la Patrulla Espiritual en Tijuana reunió a miles de personas y provocó cierres en algunas calles de la ciudad; el objetivo de la movilización fue expresar apoyo al internamiento involuntario en casos relacionados con adicciones.
La manifestación ocurrió después de que la agrupación fuera señalada por presunta privación ilegal de la libertad y por la aplicación de supuestas terapias de conversión en el caso de Karime, una mujer trans cuyo video de internamiento se hizo viral en redes sociales.
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La movilización comenzó a concentrarse desde las 12:00 del mediodía en la glorieta Cuauhtémoc de Paseo de los Héroes, en la Zona Río, a pesar de que la cita oficial era a las 15:00 horas.
Al lugar arribaron miles de personas, entre ellas internos y representantes de centros de rehabilitación procedentes de municipios como Mexicali, Ensenada y Rosarito, quienes se trasladaron en camiones rentados por la agrupación Fuerza Nacional.
También se integraron asistentes de estados como Zacatecas, Guanajuato y Sonora, miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, simpatizantes de la organización evangélica y familiares de personas con adicciones, conformando un contingente diverso que incluyó a adultos mayores con bastones, jóvenes, madres con carriolas y niños.
El evento estuvo encabezado por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como ‘El Chikilín’, líder de la Patrulla Espiritual y creador de contenido enfocado en trasladar a personas en situación de calle y adicción a centros de rehabilitación, frecuentemente en contra de su voluntad.
Tras su llegada, subió a un escenario montado en el sitio junto a colaboradores identificados como 'El Padrino' y 'La Madrina'. Desde ahí, los asistentes ubicados en las primeras filas corearon su apodo.
Antes de iniciar la caminata, subió al escenario Adriana, madre de Karim Emanuel —la persona transgénero cuya liberación mediante un amparo judicial detonó la reciente controversia—, quien usó el micrófono para agradecer el respaldo de los presentes.
Alrededor de las 16:00 horas, la multitud avanzó portando pancartas y lonas con mensajes dirigidos a respaldar los procesos de internamiento y la permanencia de las clínicas de asistencia.
La principal exigencia de los organizadores y de los centros médicos congregados fue solicitar al gobierno federal una modificación a la Ley General de Salud, la cual prohíbe el tratamiento involuntario si el paciente no expresa su consentimiento para ser ingresado.
Bajo la consigna y lema central de “la vida por encima del derecho”, los manifestantes defendieron este modelo como una vía necesaria para resguardar la integridad de sus familiares en crisis de adicción.
El contingente caminó inicialmente hacia la glorieta del Monumento a México, popularmente llamada “Las Tijeras”, avanzando sobre vialidades principales de la Zona Río, lo que provocó el cierre de carriles y afectaciones a la circulación local.
El trayecto se caracterizó por aglomeraciones de simpatizantes que buscaban acercarse al líder del movimiento para obtener fotografías o videos, lo que generó desorden y obstruyó el avance.
Para contener a la multitud, el equipo de la organización implementó una cadena humana en torno a Osuna Torres.
Durante estas maniobras de seguridad, el personal rodeó también a los representantes de la prensa escrita y televisiva, limitando el movimiento de reporteras que quedaron atrapadas momentáneamente entre el círculo de seguridad y los asistentes.
Posteriormente, la marcha cambió su sentido de dirección para regresar hacia la glorieta Cuauhtémoc, extendiéndose sobre el Paseo de los Héroes rumbo al monumento de Abraham Lincoln.
Para finalmente concluir en el punto del escenario inicial; a lo largo de la jornada se registró vigilancia de elementos de seguridad para coordinar el tránsito.
En las inmediaciones de la movilización también hicieron acto de presencia grupos de activistas y colectivos estudiantiles, quienes manifestaron posturas críticas y reservas hacia las dinámicas de internamiento forzado y la exposición pública de los pacientes en plataformas digitales.
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Foto: Facebook / Patrulla Espiritual
Ocurrió mientras la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) mantiene abierta una investigación por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, dentro de la carpeta penal NUC 04/2026/14466.
Así como después de denuncias presentadas por la Asamblea Nacional Trans No Binaria y por la activista Susana Barrales.
Quienes entregaron videos en los que se observa a integrantes de un grupo de rehabilitación sometiendo a una mujer trans, mientras ella pedía que la dejaran ir.
En ese contexto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda condenó los hechos y señaló que cualquier intervención en este tipo de espacios debe respetar los derechos humanos.
Por su parte, la fiscalía informó que, además de la denuncia por el traslado de la mujer, se abrió una revisión conjunta con la Secretaría de Salud para verificar si existen más señalamientos contra este centro o contra otros similares en el estado.
Mientras que el secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, explicó que el establecimiento señalado cuenta con permiso de operación, aunque reconoció que ya había recibido sanciones previas por reportes de malos tratos.
A raíz de estos hechos, la autoridad estatal ordenó la instalación de una mesa de trabajo entre instituciones para revisar la supervisión de los centros de rehabilitación y reforzar protocolos de atención.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación de oficio y emitió medidas preventivas para proteger a la persona involucrada. Aunque la mujer fue entrevistada y declaró encontrarse bien físicamente, el organismo señaló que el consumo de sustancias no limita el derecho a la libertad ni a la integridad.
El caso también generó reacciones en el ámbito de la libertad de expresión, luego de que periodistas de Mexicali recibieran amenazas por la cobertura del tema.
Ante ello, el gobierno estatal activó un mecanismo de protección para comunicadores y defensores de derechos humanos.
Las autoridades de seguridad informaron que se implementaron medidas de resguardo para los periodistas afectados y que la policía cibernética investiga el origen de las amenazas.
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Foto: Facebook / Patrulla Espiritual
Los representantes del movimiento, entre ellos conocidos como “El Chiquilín” y “Rambo”, señalaron que la marcha tuvo como objetivo mostrar el respaldo de la ciudadanía a su trabajo diario.
Explicaron que no están en contra de que los centros de rehabilitación operen de forma regulada, pero consideran que las normas no deben afectar su funcionamiento ni llevarlos al cierre.
Familiares de personas internadas también participaron en la defensa del modelo, al compartir testimonios sobre el apoyo recibido en momentos difíciles.
Quienes apoyan a la organización consideran que el internamiento es una herramienta que puede ayudar a dar segundas oportunidades a personas que atraviesan crisis por adicciones.
En paralelo, un grupo de estudiantes universitarios y activistas se reunió para expresar una postura crítica hacia las prácticas del grupo cristiano.
Los manifestantes aclararon que su inconformidad no está dirigida a la rehabilitación en sí, sino a la difusión de videos en redes sociales donde se muestran traslados que consideran forzados y contrarios a los derechos humanos.
También señalaron la necesidad de que los tratamientos se realicen bajo criterios médicos y psicológicos adecuados, con respeto a la dignidad de las personas.
Su principal argumento es que la atención a las adicciones debe respetar la voluntad de los pacientes y evitar prácticas de exposición pública que puedan resultar dañinas.
El grupo también enfrenta otra polémica, luego de que autoridades señalaran que su nueva sede en Mexicali no cuenta con los requisitos necesarios para seguir operando.
