Marina del Pilar aseguró que la conversación fue sacada de contexto y que los supuestos agentes nunca presentaron documentos.
La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda acusó al exgobernador Jaime Bonilla de haberla llevado a una reunión que, según dijo, terminó siendo una trampa con supuestos agentes de Estados Unidos y cuya conversación fue difundida esta semana mediante audios.
Explicó que aceptó reunirse con esas personas en diciembre de 2025, luego de que el exgobernador le ofreciera ayuda con el tema de la cancelación de su visa de turista.
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Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 15 de julio de 2026, la mandataria estatal acusó a Jaime Bonilla Valdez de haber organizado una reunión bajo engaños en diciembre de 2025.
Según los detalles ofrecidos, el exgobernador le ofreció ayuda para revisar la situación de su visa de turista, la cual había sido cancelada por las autoridades de Estados Unidos en mayo de ese mismo año.
La funcionaria explicó que aceptó la propuesta de buena fe, creyendo que se entrevistaría con representantes legítimos del país vecino.
Sin embargo, argumentó que las personas que participaron en la llamada resultaron ser falsos intermediarios que plantearon escenarios judiciales graves y cargos inexistentes sin presentar ningún documento oficial de respaldo.
Detalló que, al notar irregularidades en la conversación, solicitó que hablaran con su representante legal, Michael Nadler, pero los supuestos agentes nunca lo buscaron.
La gobernadora afirmó que el único propósito de este encuentro simulado era registrar una conversación privada para fragmentarla y filtrarla con fines de afectación política.
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Foto: Facebook / Jaime Bonilla
Los audios compartidos por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal muestran diálogos de una mujer, identificada como la gobernadora, conversando con un hombre que se presenta como intermediario del FBI y otra persona que habla en inglés.
En las grabaciones se abordan temas relacionados con supuestas investigaciones en el extranjero, posibles sanciones económicas y el riesgo de un proceso de extradición. Los puntos principales que se escuchan en el material difundido son:
El supuesto intermediario afirma que las agencias estadounidenses sienten que han perdido el tiempo en reuniones previas y que la vía legal mediante abogados es la última opción para frenar los cargos.
La voz atribuida a la mandataria pregunta explícitamente si la situación podría derivar en una orden de extradición.
En el mismo diálogo, la mujer manifiesta estar tranquila, en total disposición de aclarar cualquier asunto y colaborar compartiendo información que conoce de las mesas de seguridad regionales.
La llamada finaliza discutiendo la posibilidad de concretar una entrevista formal con los representantes legales en las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana o en un hotel.
Hasta ahora, ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado una investigación formal o cargos penales contra la funcionaria, quien en los últimos meses ha estado envuelta en la polémica por la cancelación de su visa y la difusión de audios sobre ese caso.
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Foto: Facebook / Marina del Pilar
La rivalidad entre ambos personajes públicos no es nueva y se ha intensificado debido a acusaciones mutuas de corrupción y denuncias en tribunales locales.
La relación se fracturó por completo cuando la actual administración revisó la gestión de Bonilla y detectó irregularidades financieras graves, lo que derivó en un proceso penal en contra del exgobernador por delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades.
La investigación estatal se originó por la contratación de la empresa Next Energy para construir una planta de energía solar en el Valle de Mexicali.
Este proyecto, que nunca se ejecutó, comprometía el pago de 37 mil millones de pesos del erario durante 30 años, de los cuales ya se habían entregado 1 mil 300 millones de pesos como inversión inicial.
A raíz de este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California impuso a Bonilla una inhabilitación de tres años para ocupar cargos públicos.
Por otra parte, el conflicto sumó otros episodios de confrontación:
En marzo de 2026, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California sancionó a Bonilla por violencia política en razón de género debido a declaraciones emitidas en contra de la gobernadora, ordenando su inscripción en los padrones de personas sancionadas.
El exgobernador ha utilizado entrevistas en medios locales y participaciones en el Partido del Trabajo para acusar a la gestión actual de ser un "narcogobierno" y de tener vínculos con el hampa.
Bonilla ha señalado de manera reiterada al exesposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, quien enfrenta investigaciones por lavado de dinero y narcotráfico, como el motivo principal por el cual las autoridades estadounidenses restringieron los permisos migratorios de la mandataria.
Tras la cancelación de su visa, también apareció en un tendedero donde fueron colocados los nombres de alcaldes y diputadas relacionados con casos que van desde la revocación de visas hasta investigaciones o procesos de aclaración ante autoridades de Estados Unidos.
