La diputada Karina Olivas Parra advirtió que la propuesta minera pondría en riesgo el suministro de agua de la región durante las próximas décadas
La discusión sobre el proyecto minero El Arco pone en debate la seguridad hídrica de Baja California Sur, especialmente al municipio de Mulegé, cuya población depende en gran medida del acuífero del Valle de El Vizcaíno.
Aunque en declaraciones recientes, el gobernador del estado Víctor Castro reiteró su rechazo esta minera y manifestó que "el agua es primero"; de llevarse a cabo este proyecto, abarcaría el 50% de agua de Mulegé, según una diputada del Congreso del Baja California Sur.
Durante su intervención, la diputada local del Congreso del Estado, Karina Olivas Parra señaló que el proyecto El Arco, planificado como una de las explotaciones mineras más grandes del mundo contempla una operación de minería a cielo abierto sobre más de 50 mil hectáreas durante un periodo estimado de 50 años.
Alertó que el proceso industrial de lixiviación de minerales implicaría la extracción de hasta el 50 % del agua disponible en el acuífero de El Vizcaíno.
Lo que equivaldría a más de 9 millones de metros cúbicos de agua consumida anualmente de este recurso subterráneo que hoy se considera en equilibrio y sin capacidad adicional para concesionar.
Diputada local, Karina Olivas. Foto: Congreso de BCS.
El acuífero de El Vizcaíno abastece a comunidades como Guerrero Negro, Vizcaíno y localidades del norte de Mulegé, y a actividades agrícolas y ganaderas en esa parte del estado.
La legisladora destacó que un uso intensivo del recurso para operaciones mineras podría debilitar la disponibilidad de agua potable de miles de habitantes.
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Olivas Parra presentó hace días un punto de acuerdo en el Congreso del estado para exhortar a las autoridades ambientales federales (Semarnat, Conanp y Conagua) a que no otorguen permisos ni autorizaciones al proyecto minero hasta que se evalúe exhaustivamente el impacto ambiental y el uso sustentable del agua en la región.
Esto incluiría consultas públicas y análisis técnico-jurídicos de las concesiones de agua vinculadas al megaproyecto.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Agua y de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y posible dictaminación, en medio de una discusión que involucra derechos humanos relacionados con la disponibilidad del agua potable y la protección de áreas naturales.
Cabe señalar que un caso controversial ocurre en la Sierra de la Laguna, en donde pretenden introducir nuevas especies. Sin embargo, alertan por riesgos de equilibrio ecológico.
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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su rechazo a la mina, argumentando que aunque se ubique formalmente en territorio de Baja California, su impacto —especialmente sobre el acuífero del Vizcaíno— puede afectar directamente a comunidades del sur del estado.
El mandatario señaló que dicho acuífero no está delimitado de forma natural entre entidades y que una explotación masiva del recurso tendría consecuencias negativas para miles de personas en la región.
En Mulegé y municipios vecinos, organizaciones civiles y autoridades han advertido que garantizar el abastecimiento de agua debe priorizarse sobre cualquier actividad industrial que pueda comprometerlo a largo plazo.
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