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Movimiento del Sombrero propone Ley Carlos Manzo en BCS y esto es lo que busca

Movimiento del Sombrero Movimiento del Sombrero en BCS lleva al Congreso del Estado iniciativa de Ley Carlos Manzo.

Foto: Congreso de Baja California Sur | Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur
Foto: Congreso de Baja California Sur | Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur

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El Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur no solo creó “Las Mesitas del Sombrero”, que llevan apoyos a colonias de La Paz, también presentó una propuesta para castigar con penas más altas el asesinato de autoridades.

La iniciativa busca cambiar el Código Penal del Estado, surge tras el caso de Carlos Manzo y plantea que estos hechos no se traten como un homicidio común.

¿Qué propone la Ley Carlos Manzo en Baja California Sur?

Movimiento Independiente presentó una propuesta para castigar con mayor dureza los ataques contra funcionarios y representantes populares.

En esa entrevista, explicó que la iniciativa ya fue entregada de forma formal para reformar el Código Penal del estado. Señaló que busca que el asesinato de una autoridad no se juzgue como un homicidio común, sino como un ataque directo al funcionamiento del Estado.

Detalló que la propuesta plantea crear un apartado específico para castigar a quien prive de la vida a gobernantes, legisladores o personal de seguridad y justicia.

También dijo que esta ley surge como respuesta a la violencia que enfrentan quienes ocupan cargos públicos y como un reconocimiento al caso del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Durante la entrevista, indicó que cuando se asesina a una autoridad no solo se afecta a una persona o a su familia, también se golpea la confianza de quienes votaron por ella.

Agregó que este tipo de delitos impacta en la forma en que funciona el gobierno, por lo que considera que deben investigarse con prioridad y recibir castigos más altos.

La propuesta también busca proteger a más servidores públicos; según explicó, incluye tanto a quienes llegaron al cargo por elección como a quienes trabajan en áreas de seguridad.

Entre ellos mencionó desde la gubernatura hasta mandos y elementos de corporaciones policiales, ya que, dijo, todos enfrentan riesgos por su labor, los cargos que la propuesta busca tutelar de forma especial son:

  • Gobernador o gobernadora del Estado.
  • Presidentes y presidentas municipales.
  • Diputados y diputadas del Congreso del Estado.
  • Magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia.
  • Titulares, subsecretarios y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
  • Personal directivo y operativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Tras el asesinato, se formó el Movimiento Nacional del Sombrero en Baja California Sur y sus integrantes se sumaron a las protestas que se realizaron en el país por la muerte del alcalde de Uruapan.

Simpatizantes del movimiento acompañaron la presentación de la iniciativa que busca cambios en el Código Penal del estado. Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur

Simpatizantes del movimiento acompañaron la presentación de la iniciativa que busca cambios en el Código Penal del estado. Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur

¿Qué busca cambiar con la Ley Carlos Manzo en Baja California Sur al Código Penal?

La propuesta busca reconocer que el asesinato de autoridades tiene un impacto más amplio, según lo expuesto por el promovente, estos hechos afectan:

  • El funcionamiento de las instituciones
  • La confianza en el sistema de gobierno
  • El orden público

Por ello, la iniciativa plantea que estos delitos reciban un tratamiento distinto, con investigación inmediata y atención prioritaria.

Zúñiga sostuvo que no se trata solo de castigar, sino de prevenir y proteger a quienes ejercen funciones públicas.

El líder del Movimiento del Sombrero planteó que las sanciones actuales no son suficientes para la gravedad de estos delitos. Por ello, propuso que se apliquen penas de prisión que van desde los 35 hasta los 60 años de cárcel.

Zúñiga hizo hincapié en que, aunque en Baja California Sur no se han registrado casos recientes de alcaldes o diputados asesinados, la ley debe adelantarse a los hechos para proteger la vida de los ciudadanos que ocupan estos cargos.

Mencionó que ya existen antecedentes cercanos de ataques contra personal de justicia, como el asesinato del ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, ocurrido en febrero de 2026.

Para el dirigente, estos hechos demuestran que quienes tienen mandos en las instituciones de seguridad necesitan un respaldo legal que garantice que sus atacantes reciban la máxima sanción posible.

Integrantes del Movimiento del Sombrero durante una reunión donde explicaron los alcances de la propuesta en La Paz. Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur

Integrantes del Movimiento del Sombrero durante una reunión donde explicaron los alcances de la propuesta en La Paz. Foto: Facebook / Movimiento Independiente del Sombrero Baja California Sur

¿Qué estados de México han propuesto la Ley Carlos Manzo?

Baja California Sur no es el único lugar donde se analiza esta medida. La propuesta es una versión ampliada de una iniciativa similar presentada originalmente en Michoacán por el diputado independiente Carlos Alejandro Tafolla Bautista.

En aquel estado, la idea surgió tras el entorno de violencia que rodea a los representantes populares, y ahora el Movimiento del Sombrero busca que este modelo de protección se replique en la península.

Gerardo Zúñiga señaló que el asesinato de Carlos Manzo debe servir como un detonante para cambiar las leyes en todo el país.

Al presentar esta iniciativa ciudadana, el movimiento asegura que busca dar un paso adelante en la defensa de quienes enfrentan la adversidad en sus pueblos desde cargos de representación.

El documento ya está en manos de las autoridades locales, quienes lo revisarán para decidir si se aprueba como parte de los cambios en seguridad en el estado.

Tras el asesinato, varias figuras políticas se pronunciaron, entre ellas, la alcaldesa de La Paz Milena Quiroga, quien lamentó lo ocurrido y rechazó que se use el dolor de la familia con fines políticos.

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