El caso del niño Vicente en Mexicali sigue generando polémica tras las investigaciones que rodean a ambos padres del menor.
El proceso judicial por la muerte de del niño Vicente, de tres años que falleció por un golpe de calor dentro de un auto en Mexicali, Baja California, ha tomado un rumbo complejo entre acusaciones de negligencia y violencia familiar.
Las audiencias más recientes han confrontado las versiones de los padres sobre lo que ocurría en el entorno del menor antes de la tragedia.
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Roxana “N”, madre de Vicente, se encuentra actualmente imputada por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) sostiene que la mujer dejó al niño solo en el vehículo durante un tiempo prolongado, lo que le provocó la muerte por hipertermia en un día donde las temperaturas superaron los 35 grados.
Por su parte, la defensa de la mujer ha intentado justificar la situación presentando informes psicológicos que sugieren que ella vivía bajo un estado de estrés extremo y depresión.
Los abogados han centrado su defensa en señalar que era víctima de violencia y traumas emocionales provocados por su relación con el padre del niño.
Durante las audiencias, presentaron dos denuncias interpuestas en 2022 y 2023 como prueba del supuesto entorno hostil que según sus criterios, estas condiciones influyeron en el estado mental de la acusada al momento de los hechos.
Sobre este punto, Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, señaló que aunque existan estas acusaciones, no hay una sentencia que compruebe la violencia por parte del padre.
Explicó que, en muchos litigios familiares, el uso de denuncias puede ser una estrategia legal para obtener beneficios en la custodia, pero recalcó que lo primordial debe ser el derecho de la infancia por encima del de los padres.
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La madre del niño Vicente permanece imputada mientras continúan las audiencias por el caso ocurrido en Mexicali. Foto: FGE BC
Juan Carlos, padre del menor, ha rechazado las acusaciones de violencia y considera que se trata de una táctica para desviar la atención de la muerte de su hijo.
En declaraciones a los medios, pidió que se investigue el estilo de vida que llevaba su expareja, según sus palabras, recibía una pensión adecuada y no vivía en condiciones de precariedad. Para él, lo ocurrido no fue un accidente, sino una omisión grave que debe ser castigada.
Parte de esos señalamientos ya habían sido mencionados anteriormente por la FGE, donde durante audiencias se expuso que la madre del menor presuntamente permanecía dentro de la casa usando redes sociales mientras el niño seguía dentro del automóvil.
El hombre relató con dolor que su hijo estuvo 14 horas encerrado en el auto y cuestionó cómo es posible que alguien se olvide de un niño por tanto tiempo mientras realiza actividades personales.
Además, denunció que ha recibido amenazas por parte de la familia de la acusada y que incluso se le impidió acercarse al velorio de su hijo bajo el supuesto argumento de que él no quería que asistieran las cuidadoras de la guardería del niño.
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La Fiscalía de Baja California confirmó que existen investigaciones abiertas contra el padre del menor por presunta violencia familiar. Foto: FGE BC
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La fiscal estatal, María Elena Andrade, confirmó que efectivamente existen dos carpetas de investigación abiertas contra el padre por violencia familiar, una de las cuales ya está judicializada.
Sin embargo, la funcionaria fue clara al precisar que estos expedientes se llevan de forma independiente y no eliminan la responsabilidad de la mujer en la muerte del menor.
La fiscalía mantiene su acusación firme al considerar que la madre era plenamente consciente del riesgo que corría el niño.
Además, las autoridades destacan que la mujer tenía experiencia laboral en protocolos de cuidado infantil, por lo que conoce perfectamente el peligro de dejar a un menor encerrado en un vehículo bajo el sol extremo.
Mientras el proceso judicial continúa, el padre del menor anunció que buscará impulsar cambios en las leyes a través de la llamada Ley Vicente.
Su propuesta busca que las custodias provisionales en el estado sean revisadas con evaluaciones psicológicas más estrictas antes de decidir quién quedará a cargo de un menor.
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