La denuncia pública expone un contexto de violencia que, según la familia, continúa tras el crimen y afecta a más sectores.
De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, María Gemima, una empresaria Baja California Sur, señaló que su hermano, el también empresario pesquero Ismael, habría sido víctima de extorsión antes de ser asesinado, pese a que existían denuncias formales ante autoridades.
La activista, originaria de Mulegé y con actividad en la zona de Guerrero Negro, relató que su familiar encabezaba una cooperativa pesquera y había denunciado presiones de grupos delictivos, sin que, según su testimonio, se le brindara atención o protección.
De acuerdo con el testimonio, el empresario habría denunciado previamente amenazas y cobro de piso sin recibir respuesta. Foto: Canva
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Según lo expuesto en entrevista, aseguró que existieron al menos ocho denuncias relacionadas con extorsión, amenazas y agresiones.
En su testimonio, señaló que las presiones comenzaron luego de que su hermano confrontara estas prácticas, lo que habría derivado en una escalada de violencia que incluyó agresiones físicas, ataques a su patrimonio e incluso un intento de homicidio previo.
El caso también expone el temor de víctimas a denunciar este tipo de delitos en la entidad. Foto: Canva
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La denunciante indicó que, meses antes del asesinato, su hermano habría sido privado de la libertad y torturado. Posteriormente, enfrentó nuevos ataques, incluyendo un intento de homicidio cuando viajaba con uno de sus hijos.
También señaló que, pese a haber buscado intervención a nivel federal, incluyendo gestiones en la Ciudad de México, no se habrían tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.
Incluso, afirmó que días antes del crimen advirtió del riesgo inminente, sin que esto evitara el desenlace.
Tras el homicidio, la familia denuncia que la violencia y las intimidaciones continúan. Foto: Canva
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Tras el homicidio, la activista aseguró que la violencia no cesó. Denunció amenazas de muerte en su contra, hostigamiento y afectaciones emocionales en su entorno familiar.
Asimismo, expuso que actualmente permanece fuera de Baja California Sur debido a la falta de condiciones de seguridad para regresar.
En su testimonio también refirió que el caso ha tenido consecuencias familiares, incluyendo la situación de orfandad de dos adolescentes.
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Sostuvo que el cobro de piso no se limita al sector pesquero, sino que podría estar presente en otros ámbitos económicos de la entidad.
Sin embargo, subrayó que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias, lo que dificulta dimensionar el problema.
También acusó la posible existencia de autoridades coludidas con grupos delictivos, un señalamiento que forma parte de su denuncia pública y que deberá ser investigado por las instancias correspondientes.
