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¿Qué sentencia recibieron los pescadores de Puerto San Carlos?
Jesús Iván Rodríguez Leyva, de 28 años, y Julio César Zúñiga Luna, de 32, fueron sentenciados a 70 meses de prisión cada uno en un tribunal federal de San Diego, California.
La condena equivale a cinco años y diez meses en una prisión federal, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
Ambos son pescadores originarios de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, y fueron detenidos tras el naufragio de una lancha frente a la costa de Del Mar, en mayo de 2025.
En el accidente murieron cuatro personas: dos adultos mexicanos y dos menores de edad, de 14 y 10 años, originarios de la India, según la información oficial.
Los dos sudcalifornianos se declararon culpables el 14 de abril de 2026 de dos cargos de intentar introducir de forma ilegal a migrantes con resultado de muerte.
También aceptaron otros dos cargos por intentar introducir migrantes a Estados Unidoscon fines de lucro, de acuerdo con la Fiscalía Federal.
El primer delito contempla como pena máxima la pena de muerte o cadena perpetua, además de una multa de 250 mil dólares, según el resumen de cargos del caso.
El segundo tiene una pena máxima de diez años de prisión, con un mínimo obligatorio de tres años y una multa de 250 mil dólares.
“Las sentencias de hoy reflejan las graves consecuencias de anteponer la codicia a la vida humana”, declaró el fiscal federal Adam Gordon.
Durante la audiencia, el juez de distrito Benjamin J. Cheeks le dijo a uno de los acusados: “Este caso es una tragedia en todos los sentidos… Como resultado de sus acciones, hay cuatro personas que ya no están en este planeta”.
Kevin Murphy, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego, señaló que la sentencia es resultado de una investigación en la que participaron varias agencias.
Por su parte, Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, dijo que el caso muestra “las consecuencias mortales del tráfico marítimo”.
De acuerdo con los acuerdos de culpabilidad, los dos pescadores pilotaron una lancha desde Popotla, en Baja California, hacia Estados Unidos el 5 de mayo de 2025.
En la embarcación viajaban 19 personas extranjeras, entre ellas tres menores de edad, según los documentos presentados ante la corte federal.
Ambos admitieron que la lancha no tenía luces de navegación ni radio, y que iba sobrecargada, con más pasajeros de los que podía llevar de forma segura.
A las personas que viajaban solo les dieron bolsas de basura para cubrir su ropa, por lo que no llevaban el equipo adecuado para el trayecto, según la Fiscalía.
Poco después de salir de Popotla, la lancha tuvo problemas con el motor, por lo que regresaron al punto de partida, lo repararon y volvieron a zarpar hacia Estados Unidos.
Cuando se acercaban a la playa de Del Mar, los pilotos pidieron a los pasajeros quitarse los chalecos salvavidas para bajar más rápido y correr hacia los vehículos que los esperaban.
A unos 200 metros de la costa, el motor volvió a fallar y la embarcación se volcó entre las olas, de acuerdo con la información del Departamento de Justicia.
Foto: cortesía
Personas que estaban en la playa grabaron el momento y avisaron a las autoridades. En la búsqueda participaron HSI, la Guardia Costera, salvavidas locales y la Patrulla Fronteriza.
Cuatro sobrevivientes fueron localizados en la playa y llevados a recibir atención médica, mientras que tres personas fueron encontradas sin vida, entre ellas un menor de 14 años.
El 21 de mayo de 2025, se encontró un pie humano en la orilla, cerca de la playa estatal de Torrey Pines. Una prueba de ADN confirmó que pertenecía a la menor de 10 años que viajaba en la lancha.
Con ese hallazgo, el número de personas fallecidas subió a cuatro, según la Fiscalía Federal.
En un caso relacionado, tres conductores de camiones se declararon culpables de conspirar para trasladar a migrantes dentro de Estados Unidos, y ya fueron sentenciados.
Según la Fiscalía, personas en México reclutaban conductores para recoger a los migrantes que llegaban en lanchas, esconderlos en vehículos y llevarlos a distintos destinos.
Desde la detención, las familias de Jesús Iván y Julio Césarpidieron apoyo a las autoridades mexicanas para que tuvieran una defensa adecuada en Estados Unidos.
Su vocera fue Claudia García Ozúa, cuñada de uno de los detenidos, quien dio seguimiento al caso y mantuvo contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El 18 de mayo de 2025, durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a La Paz, las familias le entregaron directamente una petición de ayuda.
“Después del encuentro con la presidenta, me han llamado al menos en cuatro ocasiones desde la Cancillería. Me dieron un número directo para dar seguimiento”, dijo García Ozúa en ese momento.
Las familias y la defensa sostuvieron que ambos son pescadores con experiencia, y que participaron en el cruce por una situación económica difícil, no como parte de una red criminal.
En junio de 2025, García Ozúa informó que de los 10 cargos que enfrentaban en un inicio, solo tres se mantenían, y que se había descartado la pena máxima.
Foto: Archivo: POSTA Baja California Sur
Los habitantes de Puerto San Carlos organizaron marchas de apoyo, que fueron grabadas y fotografiadas para presentarlas ante la corte estadounidense.
También se reunieron cartas firmadas por vecinos del puerto y constancias de no antecedentes penales, para mostrar el arraigo y la reputación de los dos pescadores en su comunidad.
Con la sentencia de 70 meses, los dos pescadores cumplirán su condena en una prisión federal de Estados Unidos.
El caso fue llevado por los fiscales federales adjuntos Jill Streja y Sean Van Demark, la fiscal federal adjunta especial Danielle Hickman y el exfiscal federal adjunto Edward Chang.