La Procuraduría de Justicia de Baja California Sur fijó su postura sobre el caso que conmocionó a Cabo San Lucas y advirtió que la investigación está lejos de concluir. Aunque el conductor falleció, las autoridades sostienen que aún falta esclarecer quiénes deberán responder ante la justicia.
El caso que conmocionó a Baja California Sur tras los hechos ocurridos durante los festejos en Cabo San Lucas sigue abierto. A varios días del atropellamiento que dejó personas lesionadas y de la muerte del conductor que posteriormente fue golpeado por una multitud, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró que las investigaciones continúan y que aún falta determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en ambos episodios.
La autoridad estatal dejó claro que el fallecimiento del conductor no pone fin a las indagatorias. Por el contrario, sostuvo que el análisis de videos, testimonios y otros elementos de prueba permitirá reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos y establecer quiénes deberán responder ante la justicia.
El procurador de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, explicó que, si bien el fallecimiento del conductor extingue la acción penal por los delitos que presuntamente habría cometido al atropellar a varias personas, la carpeta de investigación permanece abierta por la agresión que posteriormente le provocó la muerte.
"Las personas que le generaron las lesiones y que le ocasionaron la pérdida de la vida tendrán que responder y para eso la investigación se continúa", afirmó.
Detalló que agentes ministeriales y elementos de investigación trabajan en el análisis de videograbaciones, entrevistas y otros indicios para identificar plenamente a todas las personas que participaron en la golpiza.
Durante la entrevista, López Rodríguez sostuvo que las investigaciones realizadas hasta ahora indican que antes del atropellamiento algunas personas comenzaron a obstruir el paso del vehículo y a moverlo durante los festejos, situación que generó molestia en el conductor.
Sin embargo, aclaró que esa circunstancia no justificó que acelerara el automóvil contra la multitud.
"Todos tenemos derecho a defendernos cuando existe una agresión real, actual o inminente, pero la respuesta debe ser proporcional. Esa molestia que se generaba hacia el conductor no es proporcional al atropellamiento", expresó.
De la misma forma, enfatizó que la reacción posterior de la multitud tampoco estuvo amparada por la ley.
Explicó que, aunque la legislación contempla la figura de la detención ciudadana cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito, ello no autoriza ejercer violencia hasta causar la muerte.
"Tampoco les daba derecho a acceder a esa detención y agredirlo de la manera como lo hicieron; ahí es donde se actualizan las responsabilidades penales", señaló.
El procurador indicó que la complejidad del caso radica en el número de personas que se encontraban en el lugar, por lo que la autoridad trabaja en la identificación de cada uno de los involucrados mediante videos captados por ciudadanos, cámaras de vigilancia y testimonios.
Incluso explicó que la legislación prevé responsabilidades cuando una persona es agredida por un grupo y no es posible determinar quién ocasionó la lesión que provocó la muerte, aunque precisó que el objetivo de la investigación es individualizar la participación de cada involucrado.
La PGJE confirmó que en el vehículo viajaban cuatro personas: el conductor fallecido, dos adultos más y una adolescente de 17 años.
Asimismo, informó que cuatro personas continúan hospitalizadas como consecuencia del atropellamiento. Una de ellas permanece en estado grave y fue trasladada a La Paz, mientras que las otras tres presentan lesiones de consideración principalmente en las piernas y continúan bajo atención médica.
Finalmente, López Rodríguez reiteró que el caso aún no está concluido y que será un juez quien determine las responsabilidades penales una vez que el Ministerio Público concluya el análisis de todas las pruebas recabadas durante la investigación.
