El proceso judicial contra el exgobernador de Baja California avanza tras una audiencia extendida por varias horas en Mexicali.
El exgobernador de Baja California, Jaime “N”, está bajo investigación por varios delitos, en un contexto donde otros funcionarios del estado también enfrentan señalamientos, como la actual gobernadora Marina del Pilar, quien ha sido mencionada en temas relacionados en Estados Unidos.
Su caso avanzó después de una audiencia que duró varias horas, en la que la Fiscalía presentó elementos sobre un proyecto energético que no se concretó.
Te puede interesar....
De acuerdo al medio La Silla Rota, el sistema de justicia de Baja California vive una de sus jornadas más largas tras la decisión de un juez de iniciar formalmente un proceso legal contra el exgobernador del estado.
Después de una audiencia que superó las 12 horas y que incluso cambió de sede por fallas eléctricas, las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes para investigar la responsabilidad del exmandatario en el manejo de un proyecto energético que nunca se construyó.
El caso, que suma cuatro años de antecedentes y más de una decena de intentos por realizar la audiencia inicial, entra ahora en una etapa donde se revisarán contratos y firmas que comprometieron recursos públicos por varias décadas.
El juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, formuló la imputación contra el exgobernador Jaime "N" por tres delitos específicos que guardan relación con su gestión entre 2019 y 2021. La Fiscalía General del Estado presentó casi 20 tomos de pruebas para sostener las siguientes acusaciones:
Abuso de autoridad: Se señala que el exmandatario tomó decisiones que no le correspondían según su cargo.
Peculado: El uso de recursos públicos para fines distintos a los establecidos por la ley.
Uso ilícito de atribuciones y facultades: La firma de contratos y acuerdos sin contar con la competencia legal para hacerlo.
La fiscalía sostiene que el gobierno estatal de aquel entonces invadió facultades federales al intentar licitar un proyecto de energía, además de señalar que no existía una viabilidad financiera real para el estado.
El proyecto energético, que no se concretó, es el eje de la investigación que derivó en el proceso judicial. Foto: Jaime N
El origen de este conflicto legal es un proyecto para construir una planta de energía solar que supuestamente alimentaría el acueducto que lleva agua de Mexicali a Tijuana y las oficinas de gobierno.
Durante el cierre de la administración anterior, se firmó un contrato con la empresa Next Energy que tenía una duración de hasta 30 años.
A pesar de que se colocó una "primera piedra" simbólica en la carretera Mexicali-San Felipe, la obra nunca avanzó. Los puntos clave del conflicto son:
Falta de permisos: El gobierno federal nunca dio las autorizaciones necesarias para generar energía, ya que es un tema que solo le toca resolver a la federación y no a los estados.
Contrato de riesgo: El acuerdo obligaba al estado a pagar mil 700 millones de pesos anuales, usando como garantía el dinero que envía el gobierno federal a Baja California.
Retención de dinero: El banco Afirme tomó 123 millones de pesos como primer pago, dinero que el gobierno actual peleó legalmente para recuperar.
Además del exgobernador, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, también está bajo investigación por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
Te puede interesar....
El proyecto energético, que no se concretó, es el eje de la investigación que derivó en el proceso judicial. Foto: Jaime N
Mantente informado: entra AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp
La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aclaró que este proceso no es un asunto de carácter personal contra su antecesor.
Señaló que la denuncia nació de la necesidad de proteger el patrimonio de los habitantes del estado ante contratos que consideró dañinos.
La mandataria explicó que su gobierno combatió el proyecto porque se pusieron en riesgo miles de millones de pesos de participaciones federales en una obra que no tenía pies ni cabeza.
Según sus palabras, se firmó una licitación para un tema de energía que es competencia meramente federal y no local.
Recalcó que no se podía arriesgar el presupuesto de los bajacalifornianos en un proyecto que, en el momento de su firma, ni siquiera contaba con los permisos necesarios para funcionar.
Tras ser informado de los cargos en su contra, el exgobernador Jaime "N" aseguró que su administración nunca dijo que el estado construiría la planta, sino que esa era tarea de la empresa privada.
También señaló que los diputados que votaron a favor del proyecto tienen responsabilidad en lo sucedido. La situación legal se definirá el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.
En esa fecha, el juez decidirá si el exgobernador debe ser vinculado a proceso, lo que daría inicio a una investigación complementaria más profunda.
Te puede interesar....
Hasta ahora, el caso ya tiene a seis exfuncionarios y varios particulares bajo proceso legal, mientras las autoridades revisan la participación de cada uno en la firma de los documentos.
Otra persona que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República es Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, a quien se le señala por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mantente informado: entra AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp
