El exmandatario de Baja California gobernó entre 2019 y 2021 y hoy enfrenta investigaciones relacionadas con decisiones de su administración.
Jaime "N" es un político y empresario que marcó una etapa polémica en Baja California, no solo por su paso como gobernador, sino por las controversias legales y políticas que han acompañado su trayectoria antes y después de su mandato.
Nacido el 9 de junio de 1950 en Tijuana, el empresario llegó al poder en medio de una coyuntura política y lo dejó envuelto en cuestionamientos que hoy siguen en curso en tribunales.
De acuerdo con registros legislativos, su carrera incluye cargos como diputado federal y senador, además de su incursión en el ámbito empresarial vinculado a medios de comunicación.
Su historia política reciente no puede entenderse sin revisar tres momentos: su llegada al gobierno, la controversia por la duración de su mandato y los procesos legales que enfrenta actualmente.
El exmandatario ha ocupado cargos como diputado federal y senador, además de su paso por el gobierno estatal de Baja California. Foto: redes sociales de Jaime "N"
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Jaime "N" asumió como gobernador el 1 de noviembre de 2019, en un periodo que originalmente fue definido como de dos años, hasta el 31 de octubre de 2021.
Sin embargo, su administración quedó marcada por el intento de ampliar su mandato a cinco años, lo que generó una crisis política y jurídica.
Según resoluciones judiciales citadas en sentencias del Tribunal Electoral, la Suprema Corte invalidó la ampliación del mandato al considerar que se trataba de una modificación posterior a la elección, violando principios constitucionales de certeza y no reelección.
Este episodio, conocido como la “Ley Bonilla”, impactó directamente en la legitimidad de su gobierno y en la percepción pública de su administración.
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Durante su gestión, el exgobernador impulsó políticas y proyectos que posteriormente derivaron en críticas y litigios.
Entre ellos destaca el esquema de auditorías de agua a empresas privadas. Una investigación periodística de Coparmex Tijuana documentó que se pagó a empresas por auditorías relacionadas con consumo de agua (Fisamex), lo que fue señalado por organismos empresariales como un mecanismo de presión.
“Fueron siempre consideradas como una forma de extorsión al empresariado”, dijo el Roberto Vega Solis, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana.
Se levantaron más de 77 impugnaciones contra esos "cobros indebidos" de los cuales muchos de esos fueron ganados por las empresas a quienes se les devolvió más de 58 millones de pesos pero se calcula que el monto total de las devoluciones podría ascender los 239 millones de pesos.
También se registraron decisiones de cierre de gobierno, como decretos relacionados con adeudos al ISSSTECALI. La Suprema Corte otorgó suspensión a dichos decretos tras controversias constitucionales.
A finales de 2021, 684 integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (Setebc) presentaron un amparo colectivo donde exigían que los protegieran del decreto del exgobernador donde condonó 3 mil millones de pesos de los 5 mil 800 millones que adeudaban los ayuntamientos de Ensenada y Tijuana al ISSSTECALI.
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Tras concluir su mandato el 31 de octubre de 2021, el empresario volvió al Senado, aunque su trayectoria política continuó con cambios de afiliación, en 2023 dejó la bancada de Morena para integrarse al Partido del Trabajo.
Tras dejar el cargo, Jaime "N" ha enfrentado diversos señalamientos públicos y procesos legales que actualmente continúan en investigación. Foto: redes sociales de Jaime "N"
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El caso Next Energy tiene su origen en un contrato firmado durante el gobierno de Jaime "N" para desarrollar una planta fotovoltaica que abastecería de energía a Baja California a largo plazo. El acuerdo contemplaba un compromiso financiero de miles de millones de pesos por varias décadas.
Sin embargo, el proyecto comenzó a generar dudas desde sus primeras etapas. Según la columna “Detrás de Next Energy”, publicada por El Economista, “el contrato en la península implicaba la erogación de 12 mil millones de pesos, con una vigencia de 30 años”.
A pesar de la magnitud del proyecto, la obra no avanzó como se esperaba. Registros documentaron pagos asociados al contrato incluso cuando no se había iniciado la construcción de la central fotovoltaica
De acuerdo con la misma fuente, se detectaron irregularidades como pagos por servicios no prestados y montos acumulados que superaron los miles de millones de pesos.
Esto derivó en revisiones administrativas, la cancelación del proyecto y posteriormente en investigaciones legales. Autoridades han señalado posibles irregularidades en la contratación, el manejo de recursos y la toma de decisiones durante su aprobación.
Aunque el caso aún se encuentra en etapa de investigación y no existe una sentencia definitiva.
