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De acuerdo con la alcaldesa Milena Quiroga Romero, esta estrategia no solo permitió detectar irregularidades en tiempo real, sino también recuperar volúmenes suficientes para abastecer diariamente a familias que antes no recibían el servicio.
Huachicoleo operaba dentro de la red pública
Durante la explicación técnica del sistema, la Alcaldesa de La Paz detalló que el problema del agua no era únicamente la escasez, sino la extracción ilegal desde la propia infraestructura hidráulica.
Explicó que el mecanismo consistía en intervenir los acueductos —tuberías principales que trasladan el agua desde los pozos— para instalar conexiones clandestinas. “El acueducto se rompía, ponían un tubo hacia arriba, que es una garza, y desde ahí sacaban el agua”, describió.
Esta práctica provocaba que colonias completas dejaran de recibir el suministro por red, obligando a los habitantes a comprar el mismo recurso que les había sido robado.
La Alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero. Foto: Rocío Casas.
Hasta 180 pipas diarias de agua robada
La magnitud del problema quedó evidenciada con los volúmenes detectados por el Ayuntamiento de La Paz. En un punto de extracción ilegal, ubicado en la colonia 8 de Octubre, se documentó la carga de entre 38 y 40 pipas diarias. Posteriormente, en otro predio, la cifra alcanzó hasta 150 pipas al día.
“Sacaban 150 pipas diarias de un acueducto que abastecía a alrededor de 10 colonias”, explicó la edil. En total, el volumen robado ascendía a aproximadamente 180 pipas diarias. “Son 1 millón 800 mil litros diarios… Eso equivale a más de 1,600 tinacos de 1,100 litros”, detalló.
De acuerdo con la Alcaldesa, esto representa el suministro diario de más de 1,600 hogares afectados directamente por estas prácticas.
Red ilegal operaba sin pagar y con ganancias
Además del impacto en el suministro, la Presidenta Municipal evidenció que el agua robada se comercializaba sin ningún tipo de regulación. “No pagaban nada ni al organismo operador, ni a nadie”, afirmó.
Incluso, señaló que existía un esquema de cobro dentro de los propios puntos clandestinos. “Les cobraban entre 500 y 600 pesos por pipa para cargar, y luego la vendían en 800 o hasta 1,000 pesos”, explicó.
Esto convirtió al agua en una mercancía —dijo—, en detrimento del derecho de acceso para la población.
Para desmantelar estos puntos, el Ayuntamiento de La Paz realizó operativos con apoyo de fuerzas estatales y federales, lo que derivó en protestas por parte de piperos.
“Hubo manifestaciones… Decían que les estábamos quitando los pozos, pero no era así, estábamos eliminando el huachicoleo en la red”, aclaró Milena Quiroga Romero. Agregó que también se interpusieron denuncias penales por la extracción ilegal de un bien nacional.
Crean el “C-4 del agua” para controlar toda la red
Como medida estructural, el gobierno municipal rehabilitó instalaciones abandonadas para convertirlas en el Centro de Monitoreo del Agua. “Estaban abandonadas y las reconstruimos para tener aquí el centro de monitoreo”, explicó la Alcaldesa.
El sistema funciona como un “C-4 del agua”, inspirado en los centros de seguridad, pero enfocado en la vigilancia hidráulica. “Así como el C-4 vigila la seguridad, nosotros vigilamos el agua, porque también es un tema de seguridad”, indicó.
El C-4 funcionará a favor del abasto legal del agua en La Paz. Foto: Sapa La Paz.
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Cómo funciona el monitoreo en tiempo real
El centro permite visualizar en pantallas el comportamiento completo del sistema hidráulico de la ciudad:
“Podemos ver cuánta agua está dando cada pozo y detectar si baja la producción”, explicó. Si un pozo deja de operar o disminuye su rendimiento, el sistema alerta de inmediato al área operativa. “Antes podían pasar días sin que nos diéramos cuenta… Ahora lo detectamos en el momento”, aseguró.