Hay carpetas de investigación abiertas contra exfuncionarios de administraciones estatales y municipales, principalmente en Mulegé, La Paz y Los Cabos.
Después de que se intentó desaforar a dos funcionarios de Baja California Sur, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que exservidores de administraciones de Mulegé, La Paz, Los Cabos y del Gobierno Estatal enfrentan procesos por distintos delitos, mientras los juzgados operan saturados.
Un total de 18 exservidores públicos de distintos niveles de gobierno en Baja California Sur se encuentran vinculados a proceso por delitos relacionados con hechos de corrupción, informó el fiscal especializado en el combate a la corrupción, Lenin Ortiz Amao.
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El funcionario señaló que estos casos derivan de carpetas de investigación abiertas contra exfuncionarios y exfuncionarias de administraciones estatales y municipales, principalmente en Mulegé, La Paz, Los Cabos y del Gobierno del Estado, correspondiente al periodo 2015–2021.
Ortiz Amao confirmó además que la Fiscalía ya solicitó audiencia inicial para otras 16 personas, señaladas en diferentes investigaciones. En dichas comparecencias, un juez definirá si existe evidencia suficiente para avanzar a etapa de vinculación.
Foto: Canva.
El fiscal reconoció que uno de los principales obstáculos para avanzar en los casos es la sobrecarga de trabajo en los juzgados, lo que prolonga los tiempos para que se programen audiencias.
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“La complicación para detonar una audiencia inicial es que se van difiriendo las audiencias. La agenda de los juzgados está saturada. Hoy pedimos una audiencia inicial y nos la señalan hasta abril o marzo del año que entra”, explicó.
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Como lo es con el caso de Óscar Leggs, que dejó endeudado a Christian Agúndez con más de 300 millones de pesos.
Entre los procesos más notorios se encuentran: Óscar Leggs Castro, exalcalde de Los Cabos, y Martín Talamantes, extesorero municipal, ambos señalados por abuso de autoridad por simulación.
Isidro Jordán Moyrón, exsecretario estatal de Finanzas, acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del caso “Viajes Perla”, empresa relacionada con un familiar suyo y beneficiada con contratos durante el sexenio de Carlos Mendoza Davis.
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Ortiz Amao recordó que también existen expedientes derivados de administraciones de Mulegé, La Paz y otras dependencias estatales.
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El Fiscal adelantó que, además de las 16 personas que esperan fecha para la audiencia inicial, la Fiscalía solicitará otras ocho audiencias antes de que concluya el año. “En su momento, cuando se vinculan a proceso, se harán los comunicados pertinentes”, reiteró.
Así mismo mencionó que aún se están realizando los trabajos para que retirar el fuero a servidores públicos para que puedan ser investigados si cometen abuso de autoridad.
