El caso de la Patrulla Espiritual en Tijuana reabre el debate sobre la supervisión de centros de rehabilitación en Baja California.
El caso de la Patrulla Espiritual en Tijuana volvió a poner bajo la lupa a los centros de rehabilitación en Baja California; autoridades estatales reconocen la necesidad de reforzar su regulación y vigilancia; esto tras denuncias por posibles abusos en el manejo de personas en situación de vulnerabilidad.
Belinda Rodríguez, secretaria de Inclusión, señaló que el Gobierno del Estado reconoce el trabajo de organizaciones civiles que atienden a personas en situación de calle; sin embargo, pidió reforzar protocolos en centros de rehabilitación tras los recientes hechos; todo bajo un enfoque de derechos humanos y no discriminación.
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La funcionaria explicó que la Gobernadora instruyó una mesa interinstitucional; el objetivo es mejorar la capacitación y supervisión de estos espacios, además, reiteró que las personas en situación de calle deben ser tratadas como sujetos de derecho.
El secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, señaló que existe preocupación por los procesos de rehabilitación en algunos centros; especialmente en aquellos donde las personas permanecen internadas o bajo resguardo.
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Aclaró que no existe intención de cerrar establecimientos de forma arbitraria; dijo que las acciones se toman únicamente cuando hay violaciones a la dignidad, a los derechos humanos o a las normas sanitarias; además aseguró que la mayoría de los centros sí cumplen con la regulación.
El Secretario de Salud reconoce el trabajo de la mayoría de los centros de rehabilitación en BC. Foto: Marina del Pilar / Facebook.
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El caso de una mujer trans en Tijuana reavivó denuncias contra la Patrulla Espiritual por presunta privación de la libertad y posibles abusos; el hecho generó reacciones de colectivos y abrió nuevas investigaciones en Baja California.
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De acuerdo con información reciente, la Fiscalía del Estado mantiene abierta una investigación; mientras que organismos de derechos humanos revisan el actuar del grupo y las condiciones en centros de rehabilitación vinculados al caso; en medio del debate sobre posibles prácticas de conversión y violencia institucional en Tijuana.
