Tras el fin del programa federal, Víctor Castro llama a cerrar la frontera a los autos “chocolate”
Desde la Federación se dio por concluido de manera oficial el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el cual dejó de operar a partir de 2026.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la finalización del esquema que durante tres años abrió una vía extraordinaria para la legalización de los llamados “autos chocolate”.
La medida comenzó a aplicarse en 2022, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de decretos y reformas sucesivas que permitieron regularizar vehículos usados de procedencia extranjera.
Sin embargo, ante el fin de este programa y la persistente duda sobre si el problema de los “autos chocolate” realmente se resolvió en Baja California Sur, el Gobernador del Estado señaló que está a favor de frenar su ingreso a la entidad.
¿Por qué el Gobernador Víctor Castro pide frenar el ingreso de "autos chocolate" a BCS?
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, solicitó frenar el ingreso de vehículos de procedencia extranjera al Estado al considerar que ya se agotó el periodo de tolerancia para su regularización.
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“Ya que no quiso regularizar, no es un asunto de a ver si me da la gana, ¿no? Yo creo que es importante, muy importante, velar porque las cosas se hagan legales”.
Recordó que el decreto federal otorgó casi 2 años para que los propietarios legalizaran sus unidades, con costos mínimos, por lo que quienes no lo hicieron optaron por mantenerse fuera de la ley.
El mandatario sostuvo que permitir la circulación de autos irregulares afecta al Sistema Tributario Nacional, ya que estos vehículos no cumplen con obligaciones fiscales ni vehiculares, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos que sí pagan placas, revista y derechos correspondientes.
En ese sentido, planteó que la ley debe aplicarse de manera pareja y sin excepciones.
Foto: Gobierno del Estado.
“Ya es tiempo de que se regularice. Se dio oportunidad casi 2 años para que se regularizara y se les cobró la mínima cantidad para regularizarse. Quien lo hizo ya no está desafiando al Sistema Tributario Nacional”.
Además, subrayó que uno de los objetivos del decreto fue fortalecer la seguridad, ya que algunos vehículos sin registro han sido utilizados para cometer delitos, al no contar con identificación oficial.
Por ello, propuso que el SAT empiece por reforzar los controles en el punto de acceso a la entidad, particularmente en Guerrero Negro, para impedir que ingresen más unidades sin regularizar.
¿Cuántos vehículos fueron regularizados en Baja California Sur?
La secretaria de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, informó que hasta diciembre de 2025 se regularizaron 39 mil 65 vehículos de procedencia extranjera en la entidad.
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De acuerdo con el último decreto, el programa tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2025, plazo que ya se cumplió. Posteriormente, la Presidenta de la República confirmó que el trámite fue dado por concluido.
La mandataria federal explicó que la finalidad del decreto ya fue atendida, por lo que consideró innecesario continuar otorgando los beneficios establecidos en este instrumento, al advertir que su prolongación podría derivar en malas prácticas y desvirtuar el objetivo para el cual fue emitido.
Foto: Gobierno del Estado.
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¿Que pasará con lo vehículos que no fueron regularizados?
Con la conclusión del decreto, los vehículos de procedencia extranjera que no alcanzaron a regularizarse regresan a las reglas de siempre. Es decir, vuelven a estar sujetos a la Ley Aduanera y a los trámites normales de importación definitiva.
En términos prácticos, circular sin papeles en regla puede traer consecuencias: desde multas y aseguramientos, hasta la imposibilidad de emplacar estos autos en los estados.
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El decreto aclara que sí existen opciones legales para poner orden al parque vehicular, pero ya no bajo el esquema simplificado que operó desde 2022. Ahora, los propietarios deberán acudir a los trámites ordinarios de importación, que implican más requisitos y costos distintos a los que ofrecía el programa de regularización.
