Ambientalistas exhiben nuevas invasiones a la Zona Federal Marítimo terrestre.
Mientras el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío asegura que en Baja California Sur no se permitirá la privatización de playas ni la autorización de obras que dañen el medio ambiente, colectivos y activistas advierten que en la práctica las invasiones a la zona federal continúan avanzando.
Como el caso de la obra de El Sargento, que no han demolido a pesar de que la Zona Federa Marítimo Terrestre (Zofemat) dio la orden desde 2018.
El gobernador del estado aseguró que su administración no permitirá la privatización de playas, ni autorizará construcciones que pongan en riesgo el patrimonio ambiental del estado.
Señaló que el Gobierno de Baja California Sur no ha promovido ninguna reforma que facilite la venta u ocupación indebida de la costa, y reiteró que defenderá el libre acceso a todas las playas del estado.
Foto: Los Supercívicos / X.
El mandatario estatal aclaró que las propuestas discutidas en el Congreso del Estado sobre el cambio del uso de suelo en Baja California Sur sin consulta ciudadana, buscan regular predios para vivienda popular, pero no para desarrollos turísticos privados en la costa.
“No he vendido una sola playa ni voy a permitir permisos que dañen nuestro medio ambiente”, insistió.
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Mientras el gobernador sostiene que no permitirá afectaciones a la franja costera, colectivos ambientales reactivaron denuncias por la invasión de la ZOFEMAT en El Sargento, donde una construcción continuó avanzando pese a sanciones y una orden de demolición emitida por Profepa desde 2018.
Supercívicos y Metiches por la Naturaleza documentaron una propiedad levantada a tan solo “3 o 4 metros del mar”, incumpliendo los 20 metros libres establecidos por la normativa federal.
En videos recientes, exhibieron sellos de clausura colocados por Profepa y Semarnat, pero señalaron que la clausura no frenó la obra.
Foto: El Excelsior.
Los activistas exigen que se ejecute la demolición ordenada hace 7 años, luego de que Profepa determinó que las edificaciones carecían de autorización ambiental y de título de concesión para ocupar la zona federal.
Pese a ello, la propiedad concluyó su construcción y llegó a anunciarse públicamente en plataformas como Booking bajo el nombre “Casa Termales”, donde usuarios ya han dejado advertencias sobre su situación irregular.
“¿De qué sirve clausurar si esta gente tiene dinero? Ahora viene la demolida”, reclamaron los activistas en su más reciente recorrido.
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El caso de El Sargento se suma a una problemática creciente en Baja California Sur, donde colectividades ciudadanas han registrado una expansión de construcciones irregulares, bardas, portones y cercos que impiden el acceso público a las playas, como La Ventana, que son consideradas un destino ideal para conocer en Baja California Sur.
Solo en el municipio de La Paz, reportes ciudadanos señalan más de 96 accesos cerrados durante 2025 y más de 50 kilómetros de costa donde el paso ha sido obstaculizado por particulares o desarrollos turísticos.
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Esta situación ha motivado operativos municipales para liberar accesos y revisar concesiones otorgadas en años anteriores.
A pesar de estos esfuerzos, colectivos advierten que la ocupación ilegal de la ZOFEMAT continúa mientras no se ejecuten sanciones firmes, particularmente en casos como el de El Sargento, donde una orden de demolición emitida desde 2018 sigue sin cumplirse.
