La decisión se da tras una audiencia de casi 24 horas en Mexicali, donde un juez encontró elementos para continuar con la investigación.
El exgobernador de Baja California, Jaime “N” fue vinculado a proceso tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas.
El caso gira en torno a un contrato firmado durante su administración para desarrollar una planta que suministraría energía al acueducto Río Colorado, un proyecto que posteriormente fue cancelado por considerarse inviable y riesgoso para las finanzas públicas.
De acuerdo con autoridades, existen elementos suficientes para investigar su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas.
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Según lo reportado por N+, el exmandatario fue vinculado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en calidad de coautor y con dolo, según lo expuesto durante la audiencia.
La decisión fue tomada por el juez de control tras analizar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, quienes durante horas debatieron sobre la legalidad del proyecto y la responsabilidad del exgobernador.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Mexicali, donde un juez determinó continuar con el proceso penal. Foto: Jorge Heras - Periodista / Facebook
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El conflicto se origina en la firma de un contrato a largo plazo, de hasta 35 años, para la construcción de una planta fotovoltaica destinada a abastecer energía al acueducto Río Colorado.
Sin embargo, el proyecto fue señalado por diversas irregularidades:
Posteriormente, la administración estatal en turno decidió cancelar el contrato al considerar que representaba un riesgo financiero para el estado.
La vinculación a proceso abre un periodo de seis meses para la investigación complementaria. Foto: Erika Gallego - Noticias / Facebook
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Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó diversos argumentos para intentar evitar la vinculación a proceso.
Según el Semanario Z, la defensa señaló que algunos de los pagos relacionados con el proyecto ocurrieron después de que el mandatario concluyera su período, lo que, según su postura, lo deslindaría de responsabilidad directa.
También argumentaron que los delitos imputados no correspondían con la naturaleza del contrato, al tratarse de un acuerdo de prestación de servicios y no de un crédito o adquisición irregular.
A pesar de estos planteamientos, el juez determinó que sí existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial.
La investigación complementaria tendrá una duración de seis meses, donde tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar más pruebas y reforzar sus argumentos.
Además del exgobernador, el alcalde de Tijuana Ismael, también está bajo investigación por presunto lavado de dinero.
