Buscan integrar a jóvenes en el diseño de estrategias de seguridad para la CDMX.
En un esfuerzo por democratizar las decisiones sobre la tranquilidad de la capital, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes.
La propuesta busca que este sector poblacional deje de ser un espectador y se convierta en un actor clave en el diseño, adopción y evaluación de políticas de seguridad ciudadana.
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Durante la Sesión Ordinaria, se destacó una contradicción estructural: a pesar de su relevancia numérica, los jóvenes suelen estar ausentes de los foros donde se decide su futuro.
Citando cifras del INEGI, el diputado Lobo recordó que en México existen más de 31 millones de personas de entre 15 y 29 años. En la Ciudad de México, esta cifra equivale a una tercera parte de los habitantes.
"Las cifras nos ayudan a dimensionar la importancia de este sector. Sin embargo, su presencia no se ve reflejada en los espacios de deliberación pública", subrayó el legislador de Morena.
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La iniciativa no nació de forma aislada en las curules, sino que rescata una propuesta ciudadana impulsada por la Fundación Reforma Ideológica, encabezada por Gustavo Butrón Lara. Esta colaboración entre sociedad civil y Congreso pretende establecer mecanismos formales para que las juventudes incidan directamente en las agendas de prevención del delito y gobernanza.
El proyecto enfatiza que la participación juvenil aportará "nuevas perspectivas" que pueden resultar vitales en un entorno tecnológico y social en constante cambio. Se busca transitar de un modelo de seguridad vertical a uno participativo, donde los jóvenes evalúen si las acciones implementadas en sus comunidades realmente atienden sus necesidades de protección y desarrollo.
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La propuesta de reforma ya ha sido turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Juventud y de Participación Democrática y Ciudadana para su análisis y posterior dictaminación.
De aprobarse, la Ciudad de México daría un paso adelante en la inclusión de sus sectores más amplios, garantizando que el derecho a la seguridad también pase por el derecho a ser escuchados en la máxima tribuna de la capital.
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