El órgano aprobó nuevas reglas con el objetivo de que los capitalinos mantengan una convivencia sana en diversas actividades.
En un movimiento legislativo sin precedentes, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma integral a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos.
La nueva normativa tiene como objetivo central prohibir la tolerancia hacia conductas violentas, actos de discriminación y discursos de odio, incluyendo el polémico grito homofóbico en eventos deportivos, buscando garantizar un entorno seguro y familiar en los recintos de la capital.
La iniciativa, impulsada originalmente por la legisladora panista Laura Alejandra Álvarez Soto, fue consolidada bajo la premisa de no restringir la libertad artística, sino de establecer límites claros ante comportamientos que vulneran los derechos humanos.
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de las comisiones dictaminadoras, subrayó la urgencia de erradicar la apología del delito y la normalización de la violencia en espacios de convivencia social. "Este Congreso tiene la responsabilidad de actuar con equilibrio para proteger a la niñez, adolescentes y jóvenes", afirmó durante la sesión parlamentaria.
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A la par de esta reforma, el Poder Legislativo capitalino formalizó un acuerdo de paz con los principales grupos de animación del fútbol mexicano. Representantes de barras como Ritual del Kaoz (América), La Sangre Azul (Cruz Azul), La 51 (Atlas) y La Komun (Santos Laguna), entre otras, se comprometieron a trabajar junto a las autoridades para pacificar los estadios.
Javor Slisko, representante de Tito Tepito (Atlante), destacó que la agenda de diálogo buscará el regreso ordenado de las porras visitantes, la eliminación de restricciones para el ingreso de menores de edad y el uso de materiales de animación bajo protocolos de seguridad.
Sin embargo, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, reconoció la ausencia de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, tras intentos fallidos por incluirlos en la mesa de negociación.
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La normativa no solo apela al comportamiento del asistente; traslada una responsabilidad directa a los promotores y empresas organizadoras. A partir de la publicación en la Gaceta Oficial, los organizadores estarán obligados a:
Capacitar rigurosamente al personal de seguridad para identificar y detener agresiones físicas o verbales al instante. Implementar protocolos de inclusión y respeto bajo la supervisión constante de la Secretaría de Gobierno.
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