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La medida, establecida en la Ley de Protección y Bienestar Animal, afecta directamente a entre 80 y 88 locales que tradicionalmente comercializaban aves, reptiles, roedores, peces, así como perros y gatos.
Durante recorridos realizados en el inmueble ubicado en Fray Servando Teresa de Mier 419, en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, se constató que varios establecimientos permanecen cerrados y ya no exhiben animales en jaulas.
Sin embargo, algunos comerciantes han optado por adaptar su operación, ofreciendo ejemplares únicamente bajo pedido, mediante contacto telefónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde comparten fotografías de los animales disponibles.
Operativos y recorridos oficiales en el Mercado de Sonora
Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el refuerzo de operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que la estrategia no se limitará a sanciones, sino que incluirá programas de reconversión comercial, con el fin de evitar cierres definitivos y la pérdida de empleos entre los locatarios afectados.
¿Cuáles son las sanciones para comerciantes que incumplan la ley en el Mercado Sonora?
La legislación vigente prohíbe la venta, exhibición y comercialización de especies como borregos, chivos, gallinas, patos, palomas, pájaros, perros, gatos y otros animales vivos, en mercados públicos de la capital, incluido el Mercado de Sonora (mismo que tardó cinco años en aprobar la nueva ley), históricamente conocido por este tipo de comercio.
Las autoridades capitalinas advirtieron que quienes incumplan la prohibición se enfrentarán a sanciones severas, que incluyen el cierre total del local y la pérdida del derecho de piso dentro del mercado. Estas medidas buscan erradicar definitivamente la venta de animales vivos en espacios no adecuados para su bienestar.
Frente a la nueva regulación, algunos comerciantes han expresado su intención de buscar amparos legales, argumentando que se trata de negocios familiares con décadas de operación y que la prohibición afecta de forma directa su sustento económico.