De acuerdo a la defensa de las víctimas, las empresas involucradas buscan prescribir el delito del que se les acusa
Familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández, el fotoperiodista que murió junto a su colega, Berenice Giles Rivera, en el festival Axe Ceremonia, denunciaron ser víctimas de amenazas por parte de la empresa organizadora para forzar un acuerdo económico que cierre el expediente.
Los hechos se remontan al 5 de abril de 2025, cuando ambos comunicadores perdieron la vida al colapsar una plataforma elevadora que sostenía una estructura decorativa durante el evento musical celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Desde entonces, el suceso, señalado por colectivos como un acto de negligencia, ha permanecido sin avances sustanciales.
El pasado 15 de octubre se vinculó a proceso a una funcionaria, identificada como María “N”, quien era responsable de Protección Civil en el evento. El juez determinó que enfrente su proceso judicial en libertad bajo medidas cautelares. Además, es la única entre 11 imputados que decidió definir su situación jurídica de manera inmediata, en tanto que los otros 10 recurrieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.
Las declaraciones se dieron a conocer el domingo 18 de octubre durante una protesta al exterior del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el marco de la audiencia para determinar la situación jurídica de tres personas morales y siete personas físicas por el presunto delito de homicidio culposo.
En el lugar, ante medios de comunicación, la abogada de la familia de Miguel Ángel, Tabata Ximena Salas Ramírez, afirmó que la defensa de Grupo Eco, empresa organizadora del Axe Ceremonia, solicitó al juez declarar prescrito el delito; es decir, que la acción legal pierda validez por el transcurso del tiempo.
Según explicó, el equipo legal de las empresas argumentó que el plazo para la imputación venció el pasado lunes 5 de octubre, al cumplirse un año y seis meses de los hechos.
No obstante, la litigante sostuvo que los retrasos en el proceso no son responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ni de la familia del fotoperiodista, sino de las propias empresas, las cuales han recurrido a maniobras legales para dilatar el juicio.
“Trataron de sorprender al juez pidiendo la prescripción del delito. Ellos argumentan que como el evento ocurrió el 5 de abril, se tiene un año y medio de acuerdo a su interpretación absurda de la ley”, declaró a la prensa.
Para ejemplificar esta estrategia dilatoria, la abogada recordó que la audiencia programada originalmente para el 2 de octubre terminó diferida para el 14 del mismo mes. La razón del aplazamiento fue que una de las personas imputadas solicitó asistencia consular tras afirmar que cuenta con doble nacionalidad (mexicana y francesa).
Sin embargo, como añadió la litigante, esta petición provocó que la audiencia se recorriera más allá del 5 de octubre, fecha en la que, según la postura de la defensa de Grupo Eco, prescribía el delito.
Por ello, subrayó que el aletargamiento del proceso tras más de 18 meses es atribuible de manera exclusiva a las maniobras de las empresas procesadas.
Aunado a ello, la representación legal de la familia de Miguel Ángel precisó que el juez de control aún no resuelve la solicitud de prescripción, debido a que el tema continúa en debate entre la defensa, la FGJCDMX y la asesoría jurídica de las víctimas.
Más allá de esto, señaló que la audiencia se reanudará este lunes 19 de octubre a las 13:30 horas, diligencia en la que los abogados de las víctimas responderán a los argumentos presentados por la defensa de las personas físicas y morales. Asimismo, adelantó que es probable que el acto judicial se extienda hasta la madrugada del martes 20 de octubre.
Te puede interesar:
Durante el mismo mitin, Diana Laura Rojas Hernández, hermana del fotoperiodista fallecido, denunció que a lo largo de estos meses su familia ha sido presionada por las empresas para dar por concluido el proceso.
Según señaló, estas acciones han incluido amenazas e intimidaciones orientadas a forzar a la familia a aceptar un acuerdo reparatorio económico que ponga fin a la causa penal.
Asimismo, exigió al Poder Judicial de la Ciudad de México que no permita que el poder económico impida la impartición de justicia y se vincule a proceso a la empresa Grupo ECO. La familiar aclaró que no solicitan condenas anticipadas, sino que se garantice el avance del procedimiento conforme a la ley.
Por su parte, la abogada de la familia de Miguel Ángel reveló que las empresas involucradas en la tragedia ya cobraron las pólizas de seguro vinculadas al accidente, las cuales ascienden a 100 millones de pesos.
La defensa sostuvo que las compañías continúan enriqueciéndose a costa de la tragedia de dos familias y enfatizó que, independientemente de los acuerdos celebrados con otros deudos, los responsables deben comparecer ante la justicia al existir elementos suficientes para acreditar el delito de homicidio culposo.
Por su parte, el abogado de la familia de Berenice Giles Rivera, aseveró que la investigación cuenta con datos de prueba contundentes para procesar a las tres personas morales imputadas: La Agencia de los Socios (Grupo ECO), Operadora Eclectic, administradora del inmueble y encargada del Programa Especial de Protección Civil, y Obra Negra (O.N. Producciones Creativas), empresa responsable del montaje y la decoración del evento.
Te puede interesar:
