En CDMX se castigará el huachicol del agua; es una medida que se acaba de aprobar en el Congreso capitalino e incluye sanciones severas.
El Congreso de la CDMX aprobó nuevas sanciones contra el llamado huachicol de agua, un delito vinculado al robo, extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.
Las medidas contemplan penas de hasta 11 años de prisión y multas millonarias para quienes participen en estas prácticas, en un intento por frenar una problemática que afecta el suministro de agua en distintas zonas de la capital.
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El Congreso de la CDMX endureció las sanciones contra el llamado huachicol de agua. Con una reforma al Código Penal local, quienes roben, extraigan o comercialicen ilegalmente el recurso podrán enfrentar penas de hasta 11 años de prisión y multas superiores a 117 mil pesos.
La reforma también alcanza a funcionarios públicos involucrados en estas prácticas, quienes podrán ser destituidos e inhabilitados.
El dictamen advierte que la ausencia de un marco legal específico ha limitado la capacidad de las autoridades para perseguir este delito.
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Entre 2018 y 2024 se registraron mil 388 denuncias y fueron detectadas 153 tomas clandestinas, la Fiscalía General de Justicia sólo abrió una carpeta de investigación, clasificada como defraudación fiscal relacionada con el suministro de agua.
El problema rebasa a la capital, ya que datos de la Comisión Nacional del Agua muestran que entre 2012 y 2018 se localizaron 2 mil 280 tomas clandestinas en el país, utilizadas por particulares y empresas para extraer agua sin autorización, una práctica que profundiza la presión sobre los acuíferos.
La aprobación ocurrió durante una jornada en la que el Congreso capitalino dio salida a cerca de 25 dictámenes rezagados. Entre las reformas avaladas destacan la imprescriptibilidad de delitos cometidos contra menores de edad y la obligación para negocios y establecimientos de permitir el acceso de animales de asistencia.
Los diputados también aprobaron nuevas figuras penales y modificaciones legales impulsadas por la Jefatura de Gobierno del Gobierno de CDMX.
Entre ellas, sanciones de hasta siete años de cárcel para el hostigamiento coercitivo conducta que consiste en forzar a una persona a actuar, abstenerse o tolerar determinadas acciones, así como la tipificación del abigeato o robo de ganado, castigado con hasta cinco años de prisión.
Otra de las medidas aprobadas reconoce a los llamados bosques de agua como sistemas naturales clave para la infiltración de lluvia y la recarga de acuíferos.
El Congreso prevé continuar esta semana con sesiones dedicadas exclusivamente a desahogar otros dictámenes pendientes.
En una agenda paralela, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó ante legisladores locales que su administración ha presentado 31 denuncias penales por construcciones irregulares.
Sostuvo que su gobierno no ha tolerado edificaciones ilegales y pidió reformar la figura de quebrantamiento de sellos, al argumentar que las sanciones suelen recaer en trabajadores de obra y no en los propietarios.
Antes, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, reportó la ejecución de 15 obras para reducir riesgos de inundación durante la temporada de lluvias.
Otra de las medidas aprobadas reconoce a los llamados bosques de agua como sistemas naturales clave para la infiltración de lluvia y la recarga de acuíferos.
El Congreso de CDMX prevé continuar esta semana con sesiones dedicadas exclusivamente a desahogar otros dictámenes pendientes.
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