El Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, refuerza el combate a la extorsión con penas más severas, reportes simplificados y una estrategia focalizada en zonas comerciales.
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, ha puesto el combate a la extorsión en el centro de su agenda de seguridad.
Ante la complejidad de este delito, la mandataria anunció desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento una estrategia integral que busca erradicar el miedo y fortalecer la denuncia a través de reformas legales y una estrecha coordinación entre los tres niveles de Gobierno.
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El plan pone especial énfasis en los puntos neurálgicos de la economía local, identificando a la alcaldía Cuauhtémoc como una prioridad debido a su altísima densidad comercial.
La estrategia no se limita a la vigilancia, sino que contempla una gran campaña de difusión y una alianza estratégica con empresarios, comerciantes y sectores educativos.
El objetivo es claro: crear un frente común donde ninguna familia o comerciante se sienta solo ante las amenazas de la delincuencia. Además, se implementará una vigilancia territorial más estrecha para monitorear de cerca las dinámicas de los mercados y corredores comerciales.
Esta presencia activa busca disuadir a los grupos delictivos y asegurar que los dueños de negocios cuenten con canales de comunicación directos con las autoridades, garantizando que la actividad económica no se vea asfixiada por el cobro de cuotas o el amedrentamiento constante.
Una de las novedades más relevantes es la alineación de las leyes locales con las federales para endurecer las penas. Sin embargo, el cambio fundamental radica en la protección a la víctima.
Gracias a las reformas recientes, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya pueden actuar de manera inmediata sin que exista una denuncia formal obligatoria.
Ahora, basta con un reporte o información proporcionada por la ciudadanía para iniciar las investigaciones y detenciones, eliminando las barreras del miedo y la burocracia que antes frenaban la justicia.
Este nuevo enfoque jurídico ha demostrado ser clave en el incremento reciente de capturas, ya que permite a la policía actuar bajo flagrancia o mediante seguimiento de inteligencia sin exponer excesivamente a quien reporta.
Al elevar la gravedad del delito en el código penal y simplificar la intervención oficial, se busca enviar un mensaje contundente de cero impunidades, reduciendo el margen de maniobra de quienes pretenden lucrar con el patrimonio ajeno.
Clara Brugada hizo un llamado enérgico a todos los sectores y gobiernos locales para sumarse a este esfuerzo coordinado. La mandataria subrayó que el éxito de esta estrategia depende de un seguimiento permanente en el territorio.
Al simplificar el proceso (pasando de la denuncia formal al reporte directo), se espera que el vínculo de confianza con la autoridad crezca, permitiendo que la información fluya más rápido y que las fuerzas del orden respondan con mayor eficacia en cada barrio y mercado de la capital.
La jefa de Gobierno insistió en que la corresponsabilidad es vital, instando a las alcaldías a no bajar la guardia y a promover activamente la cultura del reporte preventivo.
Al fortalecer este vínculo ciudadano, se pretende que la población identifique los mecanismos de apoyo disponibles y entienda que la denuncia, ahora facilitada por las reformas, es la herramienta más poderosa para desarticular las redes de extorsión que operan en la metrópoli.
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