La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, une a los tres Poderes, empresarios y sociedad civil para erradicar la extorsión con reformas, inteligencia y protección a víctimas.
En un evento que marcó un precedente en la política de seguridad capitalina, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Pacto Contra la Extorsión.
Acompañada por los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el C5, así como representantes de los sectores productivos y sociales, Brugada anunció una estrategia de "Tolerancia Cero" para devolver la paz a las familias y comercios de la Ciudad de México.
Te puede interesar....
Este acuerdo no es solo un documento administrativo, sino el inicio de un proceso social y comunitario que busca erradicar este delito con apoyo de las leyes, empresarios, políticos y secretarías de la capital.
El Pacto establece compromisos bilaterales: del lado del Gobierno, se garantiza calidad en la atención, protección a testigos e investigación financiera para desmantelar estructuras económicas; por parte de la sociedad, se asume la promoción de la denuncia y la organización de redes vecinales y comerciales para generar inteligencia social.
La mandataria subrayó que el objetivo central es romper el aislamiento que el crimen intenta imponer a las víctimas.
Al formalizar esta alianza con cámaras de comercio, instituciones educativas y grupos religiosos, se busca que ningún ciudadano enfrente una amenaza en solitario, transformando el miedo individual en una respuesta colectiva organizada que cuente con el respaldo total de las instituciones del Estado.
La Jefa de Gobierno anunció el envío de un paquete de reformas al Código Penal para alinear la normativa local con la federal.
El cambio más significativo es la creación del delito de hostigamiento coercitivo, que permitirá castigar la tentativa de extorsión con la misma severidad que el delito consumado, convirtiendo ambas modalidades en delitos graves que se perseguirán de oficio y sin derecho a fianza.
Esta actualización jurídica responde a la necesidad de cerrar los huecos legales que permitían a los extorsionadores quedar en libertad cuando no lograban concretar el cobro.
Al elevar las penas y tipificar nuevas formas de presión psicológica, la Ciudad de México busca dotar a los jueces y ministerios públicos de herramientas más contundentes para garantizar que quienes intenten amedrentar a la población reciban un castigo ejemplar y proporcional al daño causado.
Te puede interesar....
Para romper el silencio causado por el miedo, se implementarán herramientas innovadoras como el Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión, un espacio físico cálido diseñado para recibir denuncias y brindar apoyo jurídico y psicológico inmediato.
Además, se activará una Unidad Criminalística de Proximidad con equipos de la Fiscalía que se desplazarán directamente al lugar de los hechos para atender a las víctimas sin que tengan que acudir al Ministerio Público.
Un pilar fundamental de este esquema es el programa de protección de testigos, diseñado para asegurar la integridad de quienes tengan la valentía de identificar a los responsables.
El Gobierno se comprometió a que denunciar "valga la pena", ofreciendo acompañamiento integral que no termina con la captura del delincuente, sino que se extiende hasta asegurar que la víctima recupere su tranquilidad y su patrimonio de manera sostenible.
El combate se fortalecerá desde varios frentes técnicos, destacando la creación de un Gabinete Especializado donde la SSC y la FGJ trabajarán de manera conjunta y diaria.
Se implementará tecnología de punta, como inhibidores de señal en centros penitenciarios para frenar las llamadas extorsivas, y se brindará apoyo directo a comercios para la instalación de alarmas, cámaras y botones de emergencia conectados directamente a las autoridades.
A nivel de investigación, se seguirá la "ruta del dinero" mediante análisis financieros para desarticular las estructuras económicas que sostienen a las bandas criminales.
También se utilizarán bancos de voces y análisis de patrones de llamadas virtuales para identificar redes de extorsión indirecta, permitiendo que la inteligencia policial se anticipe a las amenazas y actúe con precisión quirúrgica contra los generadores de violencia.
La Jefa de Gobierno enfatizó que la denuncia es la herramienta más poderosa y exhortó a la población a no guardar silencio.
Para facilitar este proceso, se encuentran habilitadas la línea exclusiva 55-50-36-33-01, además del 911 y el 089 para reportes anónimos, asegurando que cada llamada sea tratada con perspectiva de género y absoluta confidencialidad para proteger a los denunciantes.
Finalmente, el llamado es a la organización vecinal y gremial; la formación de redes de comerciantes en avenidas y colonias permitirá que los extorsionadores sepan que las calles ya están vigiladas y unidas.
"Cuando una persona denuncia, no solo se protege a sí misma, sino que protege a toda la comunidad", concluyó Brugada, reafirmando que la Ciudad de México responderá como un frente unido y firme ante cualquier intento de vulnerar su paz.
Te puede interesar....
